Hay que serlo y no parecerlo

José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|En la vida, no alcanza solamente con cumplir estrictamente la ley, hay que ser legítimo. Quienes en democracia ejercen cargos públicos, y especialmente quienes ocupan las máximas jerarquías electas con autoridad sobre toda la población, tienen además de una obligación legal una obligación ética y moral frente a la ciudadanía que lo eligió.

La legalidad y legitimidad de un gobernante no surge únicamente de actuar dentro de los límites “legales”, sino también de transmitir legitimidad en la transparencia, integridad y coherencia de sus actos entre lo que se piensa, se dice y se hace. La confianza pública se construye no solo evitando delitos, sino evitando incluso situaciones que puedan generar dudas o sospechas. El voto que se ganó con promesas se pierde con actos contrarios a lo prometido.

Por eso, cuando determinadas conductas quedan “justo” fuera de la ilegalidad por cuestión de días o formalidades administrativas, el debate ciudadano no debe centrarse únicamente en si hubo o no delito. La sociedad también tiene derecho a preguntarse si esas conductas estuvieron a la “altura” de la responsabilidad institucional que representa una máxima autoridad electa.

Quien ocupa la máxima magistratura no actúa solamente como individuo. Representa a la institución que encabeza, al Estado y, de alguna manera, a todos los ciudadanos. Por eso sus acciones trascienden lo personal y tienen impacto sobre la credibilidad de las instituciones.

La ética pública exige algo más profundo: no solamente ser íntegro, sino también parecer íntegro. Porque en la función pública la confianza es un patrimonio colectivo muy delicado. Gobernar sobre el filo de la legalidad puede quizá evitar consecuencias judiciales, pero igualmente deteriorar la confianza moral que la ciudadanía necesita tener en sus gobernantes.

La ejemplaridad en la función pública no debería medirse por cuánto se logra acercarse al límite sin cruzarlo, sino por la voluntad de actuar siempre con claridad, prudencia y transparencia, aun cuando la ley no obligue expresamente a ello.

Las personas públicas y especialmente quienes fueron elegidos por el voto popular deberían ejercer sus cargos entendiendo que su función principal es el servicio a la ciudadanía. Eso implica dejar en un segundo plano las aspiraciones personales, partidarias o individuales, para asumir plenamente la responsabilidad integral que conlleva representar, proteger y respetar a quienes confiaron en ellos durante todo el tiempo que dure su mandato. Porque la verdadera dimensión de la función pública no se mide solamente por el poder que se ejerce, sino por el compromiso ético con la sociedad a la que se debe servir y por la cual fue electo.