¿Fraude o anestesia para ingenuos?

Dr. Esc. César E. Fontana | Montevideo
@|Según informó la prensa en su momento, el gobierno habría presentado una denuncia penal por el delito de “Fraude” en la Fiscalía correspondiente relativa al más que manoseado tema del astillero Cardama de España y las dos patrulleras oceánicas que el Estado uruguayo quería hacer construir y adquirir así como la real o supuesta garantía ofrecida, etc. Y todo lo ya sabido con opiniones de variado tipo y color, aunque en realidad siempre con algún dejo de incertidumbre o duda; ya que averiguar el estado de un proceso en una fiscalía quizás sea más difícil que investigar un juicio ante el Tribunal del Santo Oficio. Pero en fin, así se manejan las cosas en este Uruguay cada día más mediocre.

Nuestro Código Penal define el delito mencionado en su artículo 160 que señala: “El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años y multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15 UR (quince mil unidades reajustables)”.

Esto significa que debe haberse producido un daño y que se debe haber actuado con engaño, conceptos bastante fáciles de comprender; aunque puede profundizarse algo más, sin perder de vista que éste no es un texto de Derecho Penal sino sólo una reflexión escrita para que se entienda más el mal y malicioso “Cardamagate”. Así, el reconocido Dr. Fernando Bayardo Bengoa, en su clásico Derecho Penal Uruguayo decía, refiriéndose a este artículo, que el delito en cuestión se incrimina a título de dolo directo, esto es, un delito intencional que se da cuando el resultado se ajusta a la intención tal (Bayardo Bengoa, Fernando, Derecho Penal Uruguayo, Tomo IV pág. 212) y como lo determina el artículo 18 del Código Penal.

Consecuentemente además del daño y el engaño está la necesidad de acreditar la intención, algo nada fácil por cierto y menos teniendo presente que no se puede pensar que el astillero adopte una actitud pasiva o de resignación o sea, que no se está frente al simple caso de un desalojo de ocupante precario.

Pues bien, todo lo que viene dicho no debe agitarse por la prensa, por declaraciones de personas que nada saben de temas jurídicos ni de ingeniería naval, que sólo buscan rédito político de mala manera ni por publicaciones que aparecen muy deformadas y muy apresuradas por decir lo menos; y luego del inicio del problema cuando casi que en forma alegre se anunció rescindir el contrato y posteriormente, de alguna forma, se intentó acomodar un poco el cuerpo ante lo que se tenía por delante, resultando aplicable el aforismo latino que reza “non propriam turpitudine alegans” (no se puede alegar la propia torpeza). No. Esto deberá resolverse en los tribunales de Justicia lo que dada su naturaleza no será rápido.

Mientras tanto, hay que poner a trabajar la máquina del desgaste político con afirmaciones altisonantes de ¡estafa, corrupción, etc.! y toda la batería vocinglera más que conocida para captar ingenuos que así se distraen de la pésima atención médica en las emergencias de hospitales y mutualistas, de la impúdica cantidad de homicidios y tiroteos, del país sumamente caro, del robo descarado a un banco, de las dos líneas dentro del oficialismo y de una larga colección de desaciertos.

Pero… olvidan algo: van a lidiar con gente de otros lares y que de tontos no tienen nada, con estudios internacionales prestigiosos y a quienes les importa casi nada lo que se piense en este pequeño rincón del Atlántico esquina Río de la Plata; como sucedió el año pasado con el ridículo asunto de los pasaportes por creernos los vivos y más capaces del orbe.

De todas maneras, debe admitirse la demora del gobierno anterior en encarar este tema que debió resolver totalmente dentro de su período de cinco años, así como quizás haber buscado la operación más barata ya que muchas veces no resulta la mejor. Porque una cosa son demoras o desaciertos y otra muy distinta un delito intencional. Y punto. Todo lo demás es para la tribuna o tormenta con matracas como decía el recordado Cr. J. P. Damiani.

Mientras tanto, los pesqueros brasileños campean por sus anchas por nuestras aguas llevándose las riquezas ictícolas y quizás además, según algunos comentarios bajo cuerda que sobrevuelan por ahí, no campearían solamente tal tipo de embarcaciones… Vaya uno a saber.