Fiscalías

Eduardo Sellanes | Montevideo
@|Cuando la distancia se pierde, se pierde todo.

En la calle se escucha una idea cada vez más firme: que las fiscalías son del gobierno porque la gente cree que todavía están en el Ministerio de Educación y Cultura. Y que, por lo tanto, pasarlas a un eventual Ministerio de Justicia no cambiaría nada. Suena razonable. Pero es falso.

Durante años, las fiscalías formaron parte del Poder Ejecutivo. Dependían de un ministerio. Había, guste o no, una línea de mando política. Eso cambió con la creación de la Fiscalía General de la Nación como órgano descentralizado. Y ese cambio no fue cosmético. Fue estructural. Hoy la Fiscalía no responde a un ministro. Tiene autonomía para investigar y acusar. No recibe órdenes del gobierno en casos concretos. No es independencia absoluta. Pero tampoco es lo que había antes.

Ahí está el error que se repite: confundir pasado con presente para justificar un retroceso. Porque sí, volver a colocar las fiscalías bajo un ministerio cambia las cosas. Restablece una dependencia jerárquica. Acorta la distancia entre el poder político y quien acusa. Y en materia penal, esa distancia no es un lujo: es una garantía. Pero además —y esto casi no se dice— hay otro efecto inevitable: más estructura, más cargos, más gasto.

Crear un ministerio no es mover un cartel en una puerta. Es crear oficinas, jerarquías, asesores, direcciones, secretarías. Es agrandar el aparato del Estado. Y cada vez que el Estado se agranda, alguien lo paga. No lo paga el Estado. Lo paga la gente. Lo paga el ciudadano de a pie que ya desconfía del sistema, que no ve mejorar la seguridad, y que además siente el peso de un Estado cada vez más costoso. Se dirá que es necesario. Que ordena. Que mejora la gestión. Puede ser.

Pero la pregunta es otra: ¿mejora en algo la vida concreta de la gente? Si la respuesta es dudosa, el costo deja de ser técnico y pasa a ser político y social. En estos últimos días, juristas de primer nivel —como Gonzalo Fernández, Eduardo Lust, Leonardo Guzmán y Juan Fagúndez— han advertido sobre los riesgos institucionales de este camino. No es un debate menor. Es una señal de alerta.

Se dirá que nada cambiará en la práctica. Que los fiscales seguirán actuando con criterio técnico. Puede ser. Pero hay algo que pesa tanto como los hechos: la percepción. Si la gente siente que el que acusa puede estar condicionado por el gobierno, la confianza se rompe. Y sin confianza, no hay sistema que funcione. Y si además siente que paga más por un Estado más grande que no le devuelve seguridad, la frustración es inevitable. Por eso, decir que “no cambia nada” no es solo un error. Es ignorar lo que la gente ve y siente todos los días.

Sí cambia. Cambia la estructura. Cambia el equilibrio. Y cambia el bolsillo.

En un país donde la inseguridad ya es parte de la vida cotidiana, cualquier reforma debería partir de una premisa simple: no alejar la Justicia de la gente, ni agrandar el Estado sin resultados. Porque cuando se pierde la distancia con el poder y se agranda el peso sobre la gente, no se pierde un detalle técnico. Se pierde todo.