Empleados públicos inamovibles

José Dapiane | Montevideo
@|Hace muchos años acompañé a mi padre a realizar un trámite en la Intendencia de Montevideo (antiguamente denominada Municipio). Al salir, le pregunté por qué había tantos porteros; me llamaba la atención la cantidad de funcionarios asignados a cada puerta. Su respuesta fue sencilla y reveladora: “En Uruguay, la Constitución limita el despido de funcionarios públicos, salvo en casos excepcionales como mala conducta o delito. Por eso, muchos trabajadores que habían ingresado como barrenderos o basureros, (por poner un ejemplo) al no poder continuar en esas tareas por razones de salud, eran reasignados a funciones como portería, mientras se contrataba a otras personas para cubrir sus puestos originales”.

Traigo esta anécdota porque entiendo que ilustra bien el desafío actual que enfrenta ANCAP. Según informes periodísticos, la empresa registró pérdidas del orden de 31 millones de dólares en el año 2025, en el área de portland, con una plantilla cercana a 400 empleados. El Directorio evalúa una reestructura que implicaría concentrar la producción en una sola planta, lo que generaría un excedente de personal.

La situación plantea una disyuntiva compleja, pero no inédita. No se trata simplemente de reducir costos de forma inmediata, sino de hacerlo respetando el marco constitucional vigente. En este sentido, si como resultado de la reestructura quedaran, por ejemplo, 100 trabajadores sin funciones específicas, ANCAP deberá continuar abonando sus salarios hasta su jubilación o facilitar su redistribución hacia otros organismos.

A primera vista, esto supone un gasto adicional. Sin embargo, si se realizan correctamente los cálculos, es posible que el costo de sostener esos salarios sea inferior a las pérdidas actuales. Más aún, si la reestructura permite que la unidad de portland vuelva a ser rentable, el beneficio global para las finanzas públicas sería significativo.

Este tipo de situaciones no será aislado. Con el avance de la inteligencia artificial y la automatización, es previsible que varios entes del Estado enfrenten desafíos similares. Por eso, resulta fundamental comenzar a diseñar estrategias de transición que combinen eficiencia, responsabilidad fiscal y respeto por las normas constitucionales y buscar acuerdos con los sindicatos

El objetivo debe ser claro: minimizar el impacto sobre el erario público sin vulnerar derechos adquiridos, apostando a soluciones inteligentes y sostenibles en el tiempo.