El secuestro de la soberanía

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|Y la urgencia del candado democrático.

El orden político global atraviesa una mutación silenciosa pero profunda; bajo el paraguas bienintencionado de la cooperación internacional se ha consolidado el globalismo; un proyecto político que busca gestionar los destinos del mundo a través de burocracias e instituciones supranacionales que operan lejos, muy lejos, del escrutinio de los ciudadanos.

Lo que comenzó como alianzas para el comercio o la paz regional se ha transformado en un entramado normativo que hoy dicta políticas de salud, educación, medio ambiente y derechos locales, vaciando de contenido real a las democracias nacionales.

El mecanismo de esta transferencia de poder es tan técnico como efectivo: “Los tratados internacionales”.

Tradicionalmente, estas herramientas regulaban las relaciones entre Estados; hoy, regulan la vida dentro de los Estados. Mediante el fenómeno jurídico del “bloque de constitucionalidad”, muchos países otorgan de forma automática rango constitucional a estos tratados en el momento en que el gobierno de turno los ratifica.

Es aquí donde se produce la quiebra del sistema democrático, cuando un tratado adquiere valor constitucional por encima de las leyes ordinarias dictadas por los parlamentos locales, se introduce en el país una “constitución paralela”.

Lo grave es que este texto supremo e importado entra en vigor sin la aprobación del soberano, es decir, del pueblo. Mientras que reformar la Constitución local exige complejos procesos de debate, mayorías calificadas y, a menudo, referéndums populares, un tratado internacional puede reconfigurar el ordenamiento jurídico de un país mediante una simple firma del Ejecutivo y una ratificación legislativa estándar, de espaldas a las urnas.

La consecuencia es el vaciamiento de la democracia; el ciudadano común asiste a las urnas con la ilusión de que su voto puede cambiar el rumbo de su nación.

Sin embargo, se encuentra con una realidad frustrante, sin importar qué partido gane las elecciones, las políticas fundamentales ya están atadas a compromisos internacionales vinculantes e interpretadas por tribunales extranjeros que nadie eligió.

El poder ya no emana del pueblo; emana de foros globales.

Ante este panorama, la defensa de la libertad y de la autodeterminación no admite más demoras; se vuelve imperativa una reforma constitucional defensiva que devuelva el poder a sus legítimos dueños. Las constituciones modernas deben incorporar un “candado democrático” explícito: “todo tratado, pacto o convenio internacional que afecte, modifique o pretenda integrarse al bloque constitucional debe ser sometido obligatoriamente a un referéndum popular ratificatorio”.

No se trata de promover el aislamiento ni de negar la importancia de la diplomacia. Se trata de una exigencia básica de legitimidad; si una norma va a tener el peso de la ley suprema de la República, debe pasar por el mismo filtro riguroso que cualquier reforma constitucional interna.

Devolverle la última palabra al soberano mediante el voto directo es la única vía para frenar la imposición de agendas globales inconsultas y garantizar que la democracia siga siendo, verdaderamente, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.