Juan Pedro Arocena | Montevideo
@|“Acuérdate …; que acordé con el Ministro de Hacienda, D. Santiago Vázquez para que te diese la suma de 54.000 pesos para rescatar la casa de tu familia, y que pudieras arreglar tus negocios con sus acreedores… yo quiero pedir a la Contaduría la publicación de las letras que se te dieron en la época que reasumí los altos poderes de la República… de 1838”. Gral. Fructuoso Rivera (extraído de una carta a Manuel Herrera y Obes 22/11/1847).

No hay indicio de vergüenza en lo que allí se afirma, ni intención de ocultar algo poco virtuoso en el manejo de los fondos públicos. Los códigos de ética que la frase revela corresponden a una época de revoluciones financiadas con hacienda privada y que, como consecuencia, una vez en el poder, se hacía borroso el límite que debe separar las finanzas públicas de las privadas.

En ese orden, beneficiar a terceros con fondos del Estado constituía una discrecionalidad de los gobernantes, aparentemente no condenada por los códigos de la época.

En 1984, quien esto escribe, le compró un vehículo usado a un veterano representante nacional de enorme relevancia, cuyo nombre es lo que menos importa. Me invitó con un café y hablamos de política. Me mostró un cuaderno en donde durante décadas (anteriores a la dictadura) había ido anotando sus “servicios a la Patria”. Mostraba con orgullo su foja: deudas de la Oficina de Impuesto a la Renta, Caja de Jubilaciones, BROU, BHU, condonadas por su intercesión; empleos en oficinas públicas, líneas telefónicas, jubilaciones de quienes no tenían ni un año de aportes reconocido, etc.

Desde mi intransigencia juvenil lo escuchaba con oculta indignación. Lo hacía, ocultando también mi única experiencia política, consistente en haber participado en la insurrección estudiantil sesentista y resistido a la dictadura. Y desde luego, no daba crédito a mis ojos y oídos. Había transcurrido casi un siglo y medio, desde aquel lejano 1838 del dadivoso Gral. Rivera. Era ya tiempo para que los códigos éticos que deben regir el ejercicio del poder comenzaran a exigir cambios. La forma tradicional de hacer política entraba en crisis.

Fracasada su revolución colectivista, lo que parecía un cambio impulsado desde la izquierda, quedó resumido a una sustitución del clientelismo de individuos por el de colectivos. El clientelismo tradicional prometía mejorar la situación de determinadas personas y esa práctica empoderaba al político individual que la ejercía. El clientelismo frenteamplista institucionalizó la promesa hacia a una sumatoria de colectivos: los trabajadores, las mujeres, los jubilados, los estudiantes, las pymes compañeras, las minorías raciales, las de orientación sexual y hasta los que usamos talles especiales.

Esta nueva modalidad demagógica no empodera a un político sino al partido y será éste quien designe a las individualidades que le resulten más funcionales. Se trata de un clientelismo con mejor prensa, pero igual de falso e infinitamente más ruinoso.

Vivimos hoy la tercera década del siglo XXI y lo que en 1984 ya era algo trasnochado, hoy, resulta a todas luces intolerable. Quienes continúen sin entenderlo pagarán una pesada factura política.

En Argentina, el abuso hasta lo increíble de estos procederes desquició la política y la economía. El sufrimiento de un pueblo condenado a la pobreza en un país inmensamente rico llevó al poder, con envidiables mayorías, a un líder que condenó lo que llamó con razón “la casta”. Uruguay no ha llegado a esos extremos, pero el reiterado clientelismo en ambas modalidades, el uso discrecional o el despilfarro institucionalizado de los fondos públicos por integrantes de todas las tiendas políticas va tomando el mismo camino.

Un sendero que transcurre por ahora en terreno “suavemente ondulado” pero que ya pone en boca de observadores políticos, periodistas y público en general el término “casta”.

La ley y la justicia lo convalidan al castigar millonarios desvíos con trabajitos comunitarios. Se trata ni más ni menos que de la imperiosa necesidad de dignificar la actividad política antes que ésta termine por desquiciar la Patria.