De la CJPPU

Dr. Andrés Pérez, Pte. CJPPU | Montevideo
@|Señor Director:

Habiendo leído con atención el editorial publicado el 21 de julio bajo el título “Del Diálogo Social al timbre médico”. Como ocurre con todo editorial, se trata de una opinión legítima del medio. Sin embargo, entiendo que el análisis realizado sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) presenta una visión parcial del problema, al concentrarse casi exclusivamente en los posibles efectos de una medida específica sin considerar el contexto integral en el que surge.

El editorial sostiene que la creación de un timbre (que resulta de la estricta aplicación de la Ley) para determinadas prestaciones médicas trasladaría el costo del déficit de la Caja a toda la población y afectaría especialmente a quienes realizan un mayor uso del sistema de salud, como las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

No obstante, corresponde señalar que la propuesta presentada por la Caja de Profesionales nunca fue concebida como un gravamen indiscriminado para toda la población. Desde su formulación se planteó expresamente la necesidad de establecer excepciones para varios colectivos especialmente vulnerables, entre ellos los usuarios de servicios públicos de ASSE, Sanidad Militar y Policial, BPS, Intendencia, y colectivos específicos como personas internadas CTI, Cuidados Intermedios, recién nacidos, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y en diálisis, pacientes crónicos y con enfermedades raras, los mayores de 65 años y otros grupos que puedan definirse durante el proceso reglamentario, teniendo como objetivo máximo 1 timbre mensual por usuario del sistema que utilice los servicios.

Ese aspecto resulta central para evaluar la propuesta y, sin embargo, no es considerado en el editorial.

Pero el punto más importante es otro. La discusión no debería reducirse a la conveniencia o inconveniencia de un timbre. Esa medida, más allá de que pueda compartirse o no, pone de manifiesto problemas mucho más profundos que atraviesa la Caja de Profesionales y que requieren una discusión de fondo.

Por un lado, continúa pendiente la implementación completa de la reforma orgánica aprobada recientemente. Dicha reforma contempló un conjunto de medidas destinadas a recomponer la sostenibilidad financiera de la institución, incluyendo aportes comprometidos por el Estado y otros instrumentos cuya implementación aún no se ha completado. Analizar la situación actual sin considerar ese proceso ofrece necesariamente una imagen incompleta.

Por otro lado, permanece sin una definición el trabajo que debía desarrollarse en el ámbito de la Comisión de Expertos, concebida precisamente para completar el proceso de reforma del sistema provisional profesional. Ese espacio fue pensado para abordar los desafíos estructurales que enfrenta la Caja de Profesionales: los cambios demográficos, la transformación del ejercicio profesional, la disminución de la densidad de cotización y la necesidad de garantizar cobertura y sostenibilidad para las futuras generaciones de profesionales.

En consecuencia, el debate no debería limitarse a discutir un instrumento puntual de financiamiento. La verdadera discusión refiere a cómo completar una reforma previsional que continúa abierta y que resulta imprescindible para asegurar la viabilidad del sistema.

El propio editorial reconoce que “todo el sistema jubilatorio está en aprietos”. Si ello es así, resulta difícil comprender por qué el análisis termina concentrándose casi exclusivamente en un instrumento específico sin profundizar en las causas estructurales que explican la situación actual.

Las instituciones previsionales requieren soluciones integrales. Ello supone discutir simultáneamente las fuentes de financiamiento, la suficiencia de las prestaciones, los incentivos para aportar, la evolución del mercado profesional y el papel del Estado en el sostenimiento de estos sistemas.

Es natural que existan opiniones diferentes respecto a los mecanismos para alcanzar esos objetivos. Lo que parece más difícil de justificar es que un debate de tanta relevancia pública quede reducido únicamente a los efectos de una medida aislada, dejando en un segundo plano los problemas estructurales cuya resolución continúa pendiente.

Con el mayor respeto hacia la línea editorial del diario y con el ánimo de contribuir a un intercambio informado sobre un tema de evidente interés público, saludo atentamente y por ello instamos al diálogo a las autoridades en busca de soluciones de fondo y consensuadas.