Cardama y las consultas (I)

Dr. Jorge W. Álvarez | Montevideo
@|El llamado caso Cardama rezuma mala fe por donde quiera que se le mire. Rompe los ojos que su objetivo está dirigido a poner en la picota a Lacalle Pou y su ministro Javier García, haciéndolos desfilar por la Fiscalía, desde donde ya se estará planificando una tarea de fishing para saber dónde está el delito.

Veamos: el 22 de junio de 2025, el presidente Orsi, actuando en triunvirato, anunciaba en una lectura de 44 segundos que se iniciarían acciones para rescindir el contrato con Cardama.

Pero al día siguiente, lo que se hizo fue presentar en la sede de la Fiscalía de Corte una denuncia por fraude y estafa -con foto y todo- con lo cual quedaba al descubierto que lo urgente era la denuncia y no la rescisión anunciada. Lamentable.

Una visión panorámica del caso nos muestra que la trama se armó en base a consultas de todo tipo y de un peritaje a cargo del Bureau Veritas, bien pagos por el gobierno. Y que para acentuar el fondo malicioso de la pesquisa, fueron declarados reservados, es decir, nadie puede conocerlos.

En esta materia hay una verdad inconcusa: el consultor se expide generalmente en términos que satisfagan al consultante. Es decir, dirá lo que el consultante quiere que diga, porque él es quien le paga la consulta, algo que habitualmente se olvida.

Entonces, es oportuno preguntarse cuál es el valor probatorio de las consultas que las partes suelen agregar en los procesos judiciales. No seré yo quien lo diga. Le voy a dar la palabra al Dr. Jorge Díaz, autor responsable del caso Cardama, quien siendo juez en lo Penal de 4º turno y del Crimen Organizado se ha referido públicamente al tema. Un adelanto va a continuación.

Díaz sostenía una posición contraria muy firme respecto a las “consultas” (dictámenes jurídicos o informes técnicos encargados por las partes a expertos externos) que los abogados defensores intentaban agregar al expediente judicial.

Sus argumentos, muy atendibles, irán en una segunda carta.