AFAPS y plebiscito

Jubilado, pero no tonto | Montevideo
@|El sistema de AFAPS en Uruguay, implementado en 1996, forma parte de un sistema mixto que combina el esquema de reparto del BPS con cuentas individuales de capitalización. Las AFAPS gestionan fondos de los trabajadores, invirtiéndolos en los mercados financieros con la expectativa de generar rendimientos para mejorar las pensiones futuras. Este sistema ha sido criticado por las comisiones administrativas y la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado financiero, que pueden reducir los ahorros de los trabajadores.

Recientemente, se ha propuesto un plebiscito para reformar la Constitución, expropiando los fondos administrados por las AFAPS y transfiriéndolos al control del Estado. Quienes apoyan la medida argumentan que brindaría mayor seguridad, eliminando la exposición a los riesgos del mercado y las comisiones, además de mejorar la equidad al unificar el sistema previsional bajo el BPS.

No obstante, la expropiación plantea desafíos significativos. La sostenibilidad del sistema público ya está comprometida por el envejecimiento poblacional, y asumir los fondos de las AFAPS sin una reforma estructural podría agravar el problema. Eso se agravaría por el establecimiento de una edad de jubilación y un monto mínima para ella establecidos en la Constitución.

Además, la pérdida de propiedad sobre los ahorros acumulados por los trabajadores generaría un impacto en la confianza en las instituciones, así como posibles conflictos jurídicos. Impactaría en el clima de inversión en el país a futuro.

Un aspecto clave es si el Estado debería compensar a los trabajadores por los fondos expropiados, ya que estos son de su propiedad. Esto podría implicar costos fiscales considerables y dificultades administrativas para calcular la compensación adecuada.

No debería haber dudas de que el planteo en discusión no es adecuado y que cualquier cambio en las “reglas de juego” actuales debería concretarse con el acuerdo mayoritario de todos los sectores representativos del sentir de la ciudadanía. No es momento para “dejar en libertad de acción” o para enviar mensajes confusos y contradictorios.