La reciente desaparición de una joven veinteañera, en las proximidades de Santa Lucía, no puede dejar de evocar, independientemente del desenlace final del caso, otras desapariciones. Todas referidas a chicas, registradas de 1993 en adelante. Todas sin motivo aparente. Todas figurando hoy en la lista de ausentes del Ministerio del Interior.
Estos hechos llevan a recordar que anualmente unas 800.000 personas son traficadas a través de las fronteras de América Latina, América del Norte, Europa Central y Asia. Se trata de seres que quedan prisioneros de bandas que los someten a una virtual esclavitud. Algo que se considera la segunda industria ilegal del mundo, después del tráfico de drogas, a juzgar por el movimiento de dinero y recursos.
Se calcula que más de la mitad de las víctimas son niños y que el 80 por ciento son mujeres.
Hace pocos años un estudio de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), dio la voz de alerta acerca de que en nuestra región existía una red de grupos organizados que atraían a mujeres jóvenes para esclavizarlas en forma repugnante.
La circunstancia dolorosa, registrada por estos días en territorio nacional, hace propicia la ocasión para que reiteremos la necesidad de que todos los uruguayos hagamos los mayores esfuerzos para detectar instancias de este tipo y para que las fuerzas del orden se apliquen muy seriamente a desterrar semejantes prácticas. Todos los compatriotas deben tomar conciencia de que el tráfico de seres humanos existe y que hay que desarrollar iniciativas y programas para combatirlo.
Se trata de violaciones claras a los derechos humanos que tienen lugar hoy, ahora, entre nosotros.