Víctimas sin indemnización

Superando enfrentamientos fratricidas, los partidos históricos llegaron a la sanción de la Constitución de 1917. Fueron protagonistas principales del acontecimiento José Batlle y Ordóñez por el Partido Colorado y Luis Alberto de Herrera por el Partido Nacional. Su texto permitió que el oficialismo y la oposición compartieran el poder del Estado, evitando que el partido electoralmente ganador le controlara casi totalmente. Por decenas de años más la coparticipación hizo que Uruguay fuese excepción en el continente latinoamericano. Cuando surgieron gobiernos circunstanciales de facto, siempre existió -además- una línea viva orientada al retorno al orden constitucional.

A ello, hay que agregar el dictado de una avanzada legislación laboral y previsional. Y debe destacarse se asignaron áreas estratégicas de la economía al Estado, tales como electricidad, agua corriente, teléfonos y otras. Reduciendo el área de gestión privada de la economía. Lo que sumó a una realidad nacional caracterizada (que hasta hoy ubica a Uruguay en la vanguardia de América Latina).

Desde principios del siglo pasado en contra de lo citado se organizaron movimientos protestatarios para destruir la democracia. Inspirados en internacionales marxistas y tiranías brutales. Lo que se mantiene habiendo implosionado las referencias socialistas en que se inspiraban -caso de la Rusia soviética y las democracias “populares” europeas- dejando decenas de millones de víctimas y estruendosos fracasos económicos y sociales. Hay pruebas cotidianas. Representantes del partido de gobierno in totum vienen de un tour tropical cinco estrellas a Cuba, disfrutado en medio de un pueblo hambreado, apaleado y reprimido, para apoyar a la tiranía castrista en la isla. Al tiempo que la ortodoxia comunista desde el Ministerio de Trabajo uruguayo adhiere públicamente a propuestas demagógicas contrarias a la política económica de su propio gobierno, las que de implantarse arrastrarían al abismo a la economía nacional y los servicios sociales que atiende ¿Hay que explicar algo?

En democracia, el 14 de abril de 1972 los tupamaros en la cúspide de las acciones terroristas que ejecutaron, cometieron cuatro asesinatos alevosos contra integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles integrantes del gobierno. Al día siguiente el Parlamento declaró el “estado de guerra interno”. Las fuerzas armadas del país, que habían permanecido durante el siglo pasado alejadas de la política, pasaron a ocupar un rol protagónico, lo que desembocaría poco después en el quiebre de la vida institucional.

Víctimas de la subversión: modestos trabajadores y trabajadoras, de la ciudad y del campo; policías y soldados abatidos que desde el servicio público y la policía, llevaban el pan a su casa; políticos y gobernantes; otra gente del común; y diplomáticos extranjeros secuestrados, nadie recibió un pedido de perdón. A sus dolidas familias, nunca se les dio una indemnización por los sufrimientos padecidos. El “progresismo revolucionario” en cambio ha montado un sistema de compensaciones monumental, que el pueblo uruguayo desconoce a cuánto asciende. Y, se practica una movilización constante, para tener al país congelado en el pasado. Manteniendo un estado colectivo de odio.

El 14 de abril “Día de los Caídos en la lucha contra la subversión” mantiene vigencia.