In extremis la cámara de senadores y de diputados aprobaron el proyecto “de salvataje” de la Caja de Profesionales Universitarios. La solución no podría haber sido más uruguaya, una ley aprobada con amplias mayorías en las que todo el mundo cede un poquito y se pasa una parte de la cuenta al resto de la sociedad. Más uruguayo que el mate. La pregunta es hasta cuándo está forma de proceder va a seguir funcionando.

En este tema no hubo diferencias ideológicas, sino de oportunidad política. El Frente Amplio, que había bloqueado una solución menos gravosa y más gradual en 2023, tuvo que enviar de urgencia un ajuste brutal para pasivos y activos de la caja al arranque no más de su gobierno.

En la oposición, que había comprometido sus votos en 2023 para una solución que implicaba rebajas de jubilaciones y aumento de aportes, no faltaron las voces que dijeran que ningún tipo de carga sobre los profesionales era aceptable. Finalmente, y cuando parecía que la sangre llegaba al río, todos juntos votaron una versión más light del ajuste y acordaron que la sociedad pondría la diferencia.

Empecemos destacando lo bueno que hay acá. Claramente este tipo de arreglos son parte de nuestro “pacto de convivencia”. Una sociedad de diálogo y consenso, en la que no “dejamos tirado” a nadie y en la que si algún grupo tiene un problema la sociedad toda trata de brindarle alguna solución. Quizás esto está vinculado con los niveles de cohesión social y la baja polarización. No estoy seguro que así sea pero no es descartable.

Pero esta forma de proceder tiene límites. Grupos bien organizados que logran regulaciones en las que el resto de la sociedad asume un costo en su beneficio. En este caso se trata de una caja que administrada por sus propios afiliados que tuvo una conducción temeraria, con sueldos astronómicos y pagando sobrejubilaciones pocos años antes de quebrar. Un problema de manual que Mancur Olson describió hace 60 años.

No importa si la regulación es sobre el pollo, las estaciones de servicio, los funcionarios públicos, la caja militar o la bancaria.

Sistemáticamente tenemos arreglos políticos que “cuidan” a los grupos garantizándoles algún beneficio a cargo del resto de la sociedad.

Martín Rama lo escribió hace varias décadas en “El país de los vivos”. En Uruguay tenemos aún centenas de regulaciones que protegen a grupos específicos en detrimento del resto. Sin dudas esto está vinculado al costo país, ¿cómo no vamos a ser caros? Si cuando vamos a cada discusión sectorial específica decidimos que: “en este caso es razonable que la sociedad pague un sobreprecio”, o transfiera de rentas generales, para ayudar a este grupo. No es contra nadie en particular, vale para los defensores del pórtland en Ancap o para los que no quieren liberalizar la importación de productos de higiene personal.

La solución dada antenoche a la caja de profesionales es razonable desde el punto de vista de la tradición de este país: solución del medio donde todos ponemos una parte. La duda que surge es hasta cuándo este “modelo de convivencia” resiste. No vale defender sistemáticamente a cada corporación que reclama su parte, y luego poner cara de incrédulo y preguntar ¿por qué Uruguay es caro?