La decisión del gobierno, anunciada durante el duelo nacional por el fallecimiento del expresidente José Mujica, desató una fuerte y justificada polémica: pocas veces en las últimas décadas hemos visto una propuesta de política pública tan mal formulada en la forma y en el fondo. Más allá de los debates político-partidarios es necesario detenerse en la propia medida y su contexto.

La decisión de que el Instituto de Colonización compraría la estancia María Dolores de 4.404 hectáreas en Florida, por 32.5 millones de dólares fue anunciada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez en la puerta de la sede del MPP durante el cortejo fúnebre del expresidente Mujica, con su féretro presente. Más allá de la curiosa circunstancia, es impropio anunciar una medida polémica que implica un gasto importante por parte del Estado como homenaje a un político en una sede partidaria.

Los roles político-partidarios y los institucionales, aunque coincidan en una persona, como ocurre con Pacha Sánchez, no deben confundirse y así como está mal anunciar medidas de gobierno en un acto político como homenaje a un político, estaría mal realizar un acto político en la Presidencia de la República. Es poco uruguayo y contribuye a degradar nuestra institucionalidad este tipo de acciones más propias del kirchnerismo o del chavismo que de la tradición de todos los partidos políticos del Uruguay.

En el fondo la decisión también es pésima desde todo punto de vista, empezando por la falta de una concepción general y coordinada de las políticas públicas, en que no se tienen claro en qué se gasta y para qué se gasta. En el contexto actual, además, en que el gobierno seguramente se encuentra dedicado a elaborar un presupuesto quinquenal en que no debería haber aumento del gasto, esta decisión impide casi cualquier otro incremento en otros asuntos.

De acuerdo con la información de prensa la señorial estancia adquirida por Colonización podría ser repartida entre 25 familias para la explotación lechera. Vale decir, un gasto exorbitante teniendo en cuenta a las personas que se benefician de la medida, cuya viabilidad económica es sumamente cuestionable. Tanto desde el punto de vista global del incremento del gasto, como del fin en sí mismo la medida no puede justificarse seriamente. Es evidente que existen muchas demandas sociales más apremiantes que comprar tierra para que la puedan explotar unas pocas personas y que invertir estos recursos en estos fines impedirá que se puedan utilizar, para mejorar la situación de la primera infancia.

Cuando todo es prioridad nada es prioridad y es evidente, por tanto, que estos recursos pudieron y debieron ser mejor invertidos. Cuando en el presupuesto no aparezcan los recursos que ya se están solicitando para infancia, vivienda, cárceles, infraestructura, entre otros fines, nadie podrá hacerse el distraído, esos recursos fueron a comparar una estancia en Florida.

Todo este episodio constituye una muy mala señal también en términos de cuáles son las prioridades de un gobierno que hasta el momento no había tomado prácticamente ninguna medida. Una política anunciada en un local partidario que destina cuantiosos recursos a fines sumamente cuestionables solo puede generar preocupación e incertidumbre.