Tozudez política

Qué difícil resulta establecer un diálogo sereno y constructivo, con el fin de tomar las mejores decisiones en asuntos de interés nacional, cuando una de las partes no está dispuesta a escuchar a la otra.

Es lo que está sucediendo con la resolución equivocada que ha tomado el gobierno de cancelar el proyecto Neptuno para impulsar en su lugar la represa Casupá.

Por dónde se lo mire es contraproducente. Se insiste en recargar la ya comprometida cuenca del río Santa Lucía, como única fuente de suministro de agua dulce para abastecer al 60% de la población del país. Hablamos de una cuenca que padece problemas importantes y crónicos de contaminación proveniente de varias fuentes diferentes.

En el pasado ha experimentado alternancia de severas inundaciones y sequías, capaces de afectar sus flujos hídricos de manera significativa. ¿Cómo se supone que se abordarán tales contingencias cuando vuelvan a ocurrir, sin que el servicio se vea seriamente afectado y no pueda cumplir con el principal objetivo para el cual fue construido el embalse? El sentido común más básico aconseja buscar fuentes independientes de agua.

Pero hay más problemas con Casupá. El embalse proyectado inundará de manera permanente nada menos que 3.000 hectáreas de campos productivos, dedicados a la actividad agropecuaria. Significa que nuestro país perderá definitivamente esa superficie del activo más valioso que existe: la tierra. ¿Para qué? Para disponer de un gran depósito de agua de respaldo para el suministro de agua potable al área metropolitana.

Con esta obra se destruirán algo más de 400 hectáreas de monte indígena -patrimonio específicamente protegido por la ley en nuestro país- y con ello desaparecerá toda la fauna nativa asociada al monte.

Desde el punto de vista social, el embalse afectará directamente a 100 padrones dedicados a la ganadería. Como era de esperar los vecinos de la zona reaccionaron de inmediato, oponiéndose al proyecto, puntualizando que 85 familias se verán seriamente afectadas por las obras, cuyos perjuicios no se podrán solucionar a través del resultado de las expropiaciones. Señalan que son una comunidad pujante, en pleno funcionamiento, con un sentimiento de pertenencia en la zona que en algunos casos se remonta a varias generaciones. Se perderán tres escuelas rurales, casas, carreteras y caminos.

Queda claro que en este asunto en particular con el gobierno no hay diálogo posible, a pesar del discurso tribunero que emplea de estar siempre dispuesto a escuchar a los vecinos y acordar las soluciones. Pues, mucho antes de considerar y sopesar el resultado de las evaluaciones técnicas ambientales, sociales y económicas del proyecto, ya anuncia con total firmeza (y encabezado por el propio Ministerio de Ambiente) la decisión tomada de realizar las obras, demostrando que “no habrá derecho al pataleo”.

La única explicación de este tozudo comportamiento que se nos ocurre, es que se trata de un capricho político -que sin duda resultará muy costoso-, dirigido a boicotear el proyecto del gobierno anterior para imponer uno propio y diferente -con muchas desventajas y casi sin ningún beneficio.