Tanto lío, ¿para esto?

Había quienes pensaban que ni siquiera existía. Pero lo cierto es que el llamado “Diálogo Social” siguió su marcha y tras varias sesiones de trabajo empieza a mostrar algunos resultados en lo referido a la seguridad social.

En los hechos, este Consejo Ejecutivo del “dialogo social”, actuó como una comisión asesora del gobierno. Sus integrantes son frentistas: Algunos de ellos están en el gobierno, otros en los sindicatos o en organizaciones sociales, pero pese a tener “matices” (y vaya si los tienen) en el fondo responden a una similar matriz de izquierda.

Se han reunido dos veces por semana con sesiones de hasta tres horas diarias, según informó La Diaria, y se avanza hacia la elaboración de un documento definitivo.

Haber conformado este grupo para reformar la ley jubilatoria aprobada por el gobierno pasado, tiene algo de “desacato”, por no encontrar una expresión mejor. Es que el movimiento sindical y varios dirigentes frentistas (no todos) promovieron un plebiscito para incluir en la Constitución normas jubilatorias que derogaban la reforma del gobierno anterior y eliminaban las Afap. Les salió mal, perdieron. En una demostración de claro sentido común la ciudadanía rechazó esa propuesta y la reforma quedó firme.

Al Pit-Cnt no le gusta aceptar pronunciamientos populares contrarios y por lo tanto una vez enterado del resultado, anunció que seguiría buscando como cambiar la reforma aunque ello significara desconocer lo que salió de las urnas.

Así pues, se terminó armando este “dialogo social” que de dialogo no tiene nada ya que la oposición no se sumó por entender que no era necesario: la ley vigente fue reafirmada con el plebiscito y por lo tanto no había nada que discutir.

Y de social tampoco tiene mucho, en la medida que las dirigencias sindicales y los gestores de algunas organizaciones hoy conforman una peculiar elite, muy alejada del genuino sentir social.

Esta Comisión tendría plazo hasta el 30 de abril para llegar a alguna conclusión. Según las fuentes manejadas por La Diaria, está claro “el camino hacia dónde se quiere ir” pero aún “no se entró a discutir el financiamiento de todos estos temas”.

Vaya nudo: tener claro el camino pero no haber siquiera discutido como conseguir recursos para financiarlo es un sinsentido. Lo que empujó al gobierno anterior a reformar el sistema, fue la amenaza (advertida por connotados dirigentes frentistas antes de 2019) de que el sistema corría peligro de fundirse. No había margen para aumentar los aportes ni para incrementar impuestos. Hoy tampoco lo hay. Por eso surgió lo de correr paulatinamente la edad de retiro.

Que esta comisión se haya reunido tantas horas para proponer ideas, pero deba reconocer que todavía no se encaró lo único realmente importante, el dinero, deja la impresión de que esto ha sido manejado con un alto grado de improvisación.

Un informe publicado la semana pasada por este diario daba al menos una pauta de por dónde venía la mano, a estar por lo que le dijo a Canal 4, el economista Hugo Bai, coordinador del diálogo, en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Lo de la jubilación a los 65 años se mantendría, pero se admitirían retiros anticipados a los 60 años cuando haya una causal especial, excepcional. Se contemplaría a trabajadores con ingresos bajos y con una historia de aportes reducido (quizás por haber trabajado en negro mucho tiempo) o por realizar tareas que impliquen desgaste físico. La propuesta tendría sentido, pero le falta más precisión.

Es verdad que hay tareas que exigen esfuerzos físicos que con los años (cuando ya es difícil encontrar otro empleo) no se pueden realizar. Por lo tanto, si bien es razonable lo que propone Bai, esto debe estar muy bien aclarado, no vaya ser que se convierta en el colador por el cual todos encuentren el justificativo apropiado para jubilarse antes y lograr así que la excepción se convierta en la norma.

Un trabajo de la Udelar (con datos aportados por Cinve) así lo sugiere al recordar que una disminución generalizada de la edad de retiro, llevada a los 60 años, agravaría “fuertemente la insostenibilidad del sistema”. Por eso insiste en que “si se desea contemplar colectivos con menor esperanza de vida, se evalúen ajustes focalizados, no generalizados”.

Más allá de cómo se resuelva lo de definir los retiros anticipados, llama la atención que Bai de por sentado que la jubilación deba ser a los 65 años. ¿No era para volver a los 60 que se formó el tan mentado dialogo? Es que al final, la realidad es más fuerte y así lo expresa el economista. Pero entonces, ¿para que todo este lío si ya estaba claro en la ley vigente?

Cuando un gobierno trata con un sector como el sindical, que no acepta la realidad, que desconoce lo que la gente dijo en las urnas (para colmo ante una propuesta de ese mismo sector), que usa la extorsión, es hora de buscar una forma diferente e independiente para relacionarse con ese sector. Más aún: es una obligación hacerlo.