Se llevan puesta a la Constitución

La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores…”, reza el artículo 47 de la Constitución.

Este artículo se introdujo en la reforma constitucional de 1996 que dispuso cambios en el sistema electoral. Ocho años más tarde, en 2004, se aprobó una nueva modificación en el denominado plebiscito del agua. La consulta popular, fue impulsada por el sindicato de OSE, organizaciones sociales y el Frente Amplio. El pronunciamiento de la ciudadanía resultó contundente: más del 64 por ciento votó a favor. Desde entonces, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en declarar en su Constitución como derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento. Estableció, además, que el servicio de abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento deben ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, poniendo freno a la participación de empresas privadas.

Esta semana se anunció la licitación internacional para la construcción de una represa en Casupá, cuyos trabajos insumirán US$ 130 millones, financiados con un préstamo del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El presidente de OSE, economista Pablo Ferreri, informó que las obras generarán unos 700 empleos y estimó para comienzos del 2027 el inicio de los trabajos.

Cabe indicar que el proyecto Casupá data de hace más de 50 años y fue pergeñado junto a Paso Severino, que comenzó a construirse en 1983 e inaugurado en 1987.

La necesidad imperiosa de contar con nuevas represas que abastezcan de agua potable a la zona metropolitana es un tema que nadie discute. Quedó en evidencia en la sequía que comenzó a padecer el país a fines de 2020 y que llegó a su punto más dramático en 2023.

Se sabe también que dicha crisis dio impulso al proyecto Arazatí que tomaba como fuente al Río de la Plata. El gobierno de Yamandú Orsi, canceló Arazatí hace un año, por razones políticas más que técnicas. En su lugar la empresa que llevaba adelante el proyecto construirá una nueva planta potabilizadora cerca de Paso Severino.

Casupá implicará la desaparición de 400 hectáreas de bosque nativo y anegar unas 2.600 hectáreas más de tierras muy fértiles. ¿No constituye esto un delito ambiental grave? ¿La Justicia no debería intervenir de oficio?

Los vecinos de la zona se encuentran sumamente preocupados e indignados. Han hecho público sus inútiles intentos por establecer un diálogo con el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Edgardo Ortuño.

Álvaro Rivadavia, vocero de los vecinos de Casupá, en el programa Así nos va de Radio Carve, expresó , el jueves último, su sorpresa por la actitud gubernamental: “pasa por encima de todas las normas y leyes existentes”, enfatizó.

(…) Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente…”, dice la Carta Magna. Qué decir si la destrucción la causa el mismísimo Estado. Es evidente que Ortuño nunca leyó la Constitución. Una vez más el Frente Amplio se rifa un pronunciamiento de la ciudadanía. Esta vez, además, en un plebiscito que ellos mismos impulsaron.