El Partido Nacional anunció el propósito de establecer una buena medida en defensa de los particulares, al señalar que promoverá en el próximo gobierno una reforma del procedimiento administrativo incluyendo el principio del "silencio positivo", de acuerdo al cual cuando no se conteste dentro del plazo que dispone los planteamientos que se formulen, se entenderá que ha recaído tácitamente una resolución favorable.
De esa manera se obliga a la Administración a emitir resolución y se responsabiliza a los jerarcas por las omisiones.
Hasta ahora los particulares se encontraban indefensos ante la pasividad de las oficinas, que obligadas a resolver dejaban a los reclamantes condenados a juicios posteriores de larga tramitación.