República de la regulación

En su columna del Suplemento Economía y Mercado Javier de Haedo hace referencia a esa tendencia oriental a asegurarse mercados y subvenciones. Por ejemplo mediante beneficios en la comercialización y distribución de combustibles, la obligatoriedad de la mezcla de biocombustibles a un precio subsidiado, el subsidio a las empresas de transporte colectivo y muchas cosas más

El título de su columna es tan atractivo como su contenido: “El país de las vacas, sí, pero atadas”.

El artículo 36 de la Constitución dispone que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones que por interés general establezcan las leyes”.

El artículo 7 del mismo Cuerpo normativo incluye al trabajo dentro de los derechos a los que los habitantes de la República tenemos derecho a ser protegidos. Junto con la vida, honor, libertad, seguridad y propiedad.

Esa libertad de comercio y de trabajo se limita en nuestro país a través de regulaciones que convierten a sectores en cotos de caza de unos pocos. Sin ir más lejos, no se pueden comprar lentes de sol por internet si uno no está inscripto en un registro, supuestamente para protegernos de comprar lentes que no sean adecuados. Eso sí, podemos viajar y comprar lentes de sol o hacerlo en los free shop. Mientras tanto el que no viaja está obligado a pagarlos más caros.

Otro ejemplo es el proyecto de ley a estudio del Parlamento que persigue regular la actividad inmobiliaria. Sin mucho ruido avanzó este proyecto regulatorio. Su consecuencia será la limitación del derecho constitucional al trabajo y la libertad, volviendo a atar, para beneficio de unos pocos y mal de muchos, al noble animal introducido por Hernandarias.

Sé que algunos amigos, con los que tuve el honor de trabajar desde el Ministerio de Turismo, no van a estar contentos con mi opinión sobre el proyecto. Concordarán que en aquel entonces, hace ya más de veinte años, tampoco estaba de acuerdo.

El proyecto va en el sentido contrario al que debe ir. En lugar de desregular, facilitar la tarea de los que trabajan y ser duro con los que evaden, agrega más trabas y regulaciones.

Dice perseguir todo en el marco de la libre competencia pero crea un registro que la limita. Establece la obligatoriedad de realizar un curso de dos años para poder inscribirse.

Crea una Comisión integrada por tres miembros del Poder Ejecutivo y dos de gremiales a las que le asigna una potestad de sancionar a los registrados. Es decir un tribunal inquisitorial primo hermano de las colegializaciones argentinas que son inconstitucionales, por suerte, en nuestro país.

La redacción del proyecto de ley incurre en forma grosera en lo que se llama “inflación legal”. Duplica normas de una forma pocas veces vista.

Por ejemplo, establece como derecho del operador inmobiliario solicitar al cliente información sobre las características del inmueble.

O sea que por ley establecemos que tiene derecho a pedir algo. ¿Hoy no puede hacerlo?

Establece el derecho a solicitar el reintegro de los gastos. Eso sí, siempre que haya pactado ese reintegro. O sea que puede ¡pedir que le devuelvan lo que pactó le devuelvan!

También se otorga, solo si está autorizado por el titular, el derecho a pedir información al Estado. Si está autorizado ya tiene derecho.

Entre las obligaciones se establece la de cumplir con la normativa vigente en materia fiscal, previsional y de combate al lavado de activos. Es decir, una ley obliga a cumplir lo que establecen otras leyes. ¿No son obligatorias ya? ¿Solo deben cumplir esas leyes o también deben cumplir otras?

Para registrarse en el nuevo registro es obligatorio ¡estar registrado en otros registros! Somos la República Oriental de los Registros.

Todo ese fárrago de obligaciones duplicadas y regulaciones atentan con el desarrollo de la economía, el trabajo y la libertad de comercio. Son una traba más grande de lo que imaginamos. Hace unos años se identificaron más de 400 regulaciones innecesarias en nuestro país. Regulaciones que siguen vigentes y sobre las que se ha hecho poco y nada.

Ahora en el Parlamento proponen regular más. Lo hacen, además, en forma inconstitucional. Para salvar las prohibiciones de los artículos 7 y 36 de la Constitución el proyecto dice que la regulación propuesta es de interés general. No es suficiente. Hace rato, por suerte, que Doctrina y Jurisprudencia son contestes en que no alcanza con que la ley lo diga, sino que efectivamente lo debe ser. Hablan del principio de proporcionalidad.

Las limitaciones a la libertad de empresa, la libertad de comercio y de trabajo deben ser analizadas en forma restrictiva y debidamente justificadas. Esa libertad debiera ser siempre protegida puesto que como le decía el caballero de la triste figura a su escudero Sancho, “la libertad es el más preciado don que a los hombres dieron los cielos”.

No la regulemos.