¡ Qué sorpresa!

La mañana del jueves sorprendió a todos la noticia, que llegaba desde Buenos Aires, que el Presidente de la República habría transmitido a dirigentes del Partido Nacional la intención de promover una ley de amnistía en favor de los militares, referida a los hechos acaecidos durante la dictadura militar.

Quien estas líneas escribe, ese día desde muy temprano fue requerido por los medios acerca de la veracidad y el alcance de la propuesta, y señalamos entonces que no teníamos conocimiento de que hubiera sido formulada al Partido Nacional. Primer punto. Segundo punto, más importante que el primero, manifestamos que la iniciativa se daba de bruces con lo que ha sido la prédica del Presidente y de la fuerza política que lidera, pero que además carecía de razonabilidad.

Carecía de razonabilidad porque ¿qué alcance puede tener una ley de amnistía? La ley de caducidad comprende los delitos ocurridos de 1973 a 1984; los anteriores a 1973 estarían, a juicio del propio gobierno, prescriptos, con lo que los únicos delitos que podría alcanzar una nueva norma serían los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini que no solamente fueron excluidos de la ley de Caducidad sino que el propio alcance territorial de la ley los deja afuera en tanto la norma no comprende los delitos cometidos fuera del país.

Resultaba en consecuencia difícil de creer que el gobierno actual promoviera una amnistía para los asesinatos de Gutiérrez Ruiz, Michelini y quienes lamentablemente también fallecieron en esa circunstancia. Tal dimensión alcanzaba el tema que el propio Presidente de la República tomó la iniciativa de comunicarse telefónicamente con el canal y el programa que estábamos participando, y desmentir personalmente la noticia. Y señalamos entonces, bienvenido sea el desmentido porque además nos exime de explicar cómo la iniciativa no fue trasladada ni puesta en conocimiento de nuestra colectividad.

Pero tuvimos la oportunidad de compartir un diálogo con el Presidente de la República acerca del tema en cuestión, de la visión que como nacionalista y wilsonista tenemos sobre lo positivo que puede resultar para el país avanzar en el cumplimiento del artículo 4 de la ley, y de la necesidad de profundizar el diálogo entre gobierno y oposición en este y en tantos temas que el país tiene para definir en los próximos tiempos.

Tenemos la impresión, y también el deseo, que el tema este terminado. Pero nos sorprendió doblemente lo sucedido; por la noticia y por la insistencia con que se nos preguntaba sobre la participación del Partido Nacional en el mismo. A lo que contestamos: ¡si el propio Presidente desmiente la idea, ni siquiera tuvo la intención!, ¿cómo se puede concluir, aseverar o tan siquiera preguntar si se nos planteó o se nos trasladó la iniciativa, si la iniciativa no existió?