En el curso de este mes de junio ha tenido lugar un hecho grave. Grave y triste. No fue solo un acto discutible o equivocado de parte del gobierno: fue una revancha, un desquite ruin.
El ministro de Educación y Cultura derogó un decreto del gobierno anterior que reconocía la contribución al país por más de veinticinco años de las universidades privadas y les reconocía la idoneidad adecuada para manejarse a sí mismas (crear nuevas carreras, modificar perfiles, etc.) sin necesidad de pedir permiso cada vez.
Durante el gobierno anterior, el año pasado, el entonces ministro Pablo Da Silveira, había concedido, también por decreto, estas facultades de manejo propio a la Universidad Católica (UCU), a la ORT, a la Universidad de Montevideo (UM), a la Universidad de la Empresa (UDE), al Claeh y al Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
¿Habrá habido recientemente una investigación, monitoreo, o estudio sobre la gestión de alguna de esas universidades que hubiese arrojado información sobre fallas graves o incorrecciones? Nada; no se imputa nada en concreto, no se señala nada. Directamente se revoca el decreto habilitante del anterior gobierno y punto.
No hay un motivo para la revocación como tampoco hay un proyecto sustitutivo; no se propone otra cosa, no hay una sustitución. Nada. Solo la vuelta atrás.
Como se puede apreciar claramente estamos ante un acto destructivo, una especie de revancha, un miserable desquite burocrático para volver a mantener bajo la pata a la enseñanza universitaria privada y que nadie haga sombra o compita con la Universidad de la República.
La indignación que produce esta mezquindad, este ejercicio gratuito de poder, se ve aumentada -por lo menos en mi caso personal- al comprobar la pasividad y mansedumbre con que esa medida ha sido recibida. Levantó su voz, es verdad, Tomás Linn en su columna del domingo 16. Pero no entiendo que los seis rectores de las universidades perjudicadas no hayan pedido -y obtenido ya- una entrevista conjunta con el presidente Yamandú Orsi.
No entiendo cómo no han publicado una solicitada en la prensa. No espero que los seis rectores concurran con pancartas a manifestarse frente al Parlamento, pero ¿pelearla un poco? ¿Y los estudiantes de esas universidades? Todos quietos.
Y no entiendo -y paso de la perplejidad al enojo- cómo el Directorio del Partido Nacional no ha emitido una declaración al respecto.
No se trata solamente de una medida gratuitamente lesiva hacia las universidades privadas sino de defender un acto del gobierno de Lacalle Pou que refiere directamente a la filosofía y la impronta del gobierno anterior: el reconocimiento de la contribución privada al bien común. El Directorio tiene también una función pedagógica ¿cómo no usar este caso para enriquecer conceptualmente a la juventud partidaria en las bases filosóficas del Partido?
La protesta es justificada, la causa es clara, la convocatoria a reaccionar y tomar partido en asunto tan grueso como este es de las cosas que hacen bien a dos puntas.
Y, a la inversa, dejarlo pasar es insensibilidad, complacencia, rutina, domesticación.