Proteger el sentido del INAU

Lo que hoy nos interpela no es excepcional. Es la radiografía persistente de un sistema que llega tarde, que actúa cuando el daño ya está hecho. Un sistema más reactivo que preventivo, que administra consecuencias en lugar de evitar que ocurran. Donde hay daño repetido, hubo abandono estructural.

Proteger mejor exige elegir. Elegir entre sostener estructuras que no logran modificar trayectorias o reorientar recursos hacia intervenciones tempranas que sí funcionan. Elegir implica renunciar a inercias, revisar dispositivos que se perpetúan por costumbre y reasignar poder real. No hay reforma sin conflicto. Rescatar al INAU no es blindarlo frente a la crítica ni acumular diagnósticos que todos conocen. Reformar de verdad exige incomodar corporaciones internas, romper rutinas, redistribuir recursos y asumir costos políticos. Por eso muchas reformas se anuncian y pocas se concretan.

Cada niño que podría haber permanecido con su familia y no lo hizo es una política que llegó tarde. Cada adolescente que egresa sin red es una omisión acumulada. Y cada institución que se perpetúa sin evaluación es una renuncia silenciosa a mejorar.

La calidad de un sistema de protección no se mide por cuántos niños institucionaliza, sino por cuántos logra que no necesiten ser institucionalizados. Separar a un niño de su familia debe ser siempre el último recurso. Sin embargo, en Uruguay lo excepcional se volvió habitual. Muchos niños y adolescentes siguen institucionalizados cuando podrían haber permanecido en su entorno con apoyos oportunos.

En 2024 fui presidente del INAU. Ese año el Directorio aprobó planes claros: más prevención, más acogimiento familiar, menos institucionalización, mejores condiciones de egreso. Hubo auditorías, protocolos revisados, convenios interinstitucionales y un plan para reformar el sistema de 24 horas. El diagnóstico está hecho.

Transformar el INAU requiere acuerdos básicos sostenidos en el tiempo, gestión profesional, monitoreo riguroso del uso de los recursos y conducción firme, incluso cuando genera resistencia interna y costos externos. Lo demás es gestión defensiva. Continuidad maquillada.

Cuando la indignación se diluye al asumir el gobierno, no estamos ante un problema técnico: estamos ante una decisión política. Y cuando se decide no tocar estructuras que fracasan, no es por desconocimiento, sino por conveniencia. El precio de esa conveniencia lo pagan los niños y adolescentes derivados al sistema.

Pero incluso ese diagnóstico es incompleto si el debate se agota en el INAU. Ningún sistema de protección funciona como una isla. El resultado real de una política de infancia y adolescencia lo define la articulación entre salud, educación, desarrollo social, justicia, seguridad, gobiernos departamentales y presupuesto. Cuando esa coordinación falla, el sistema entero fracasa, aunque cada organismo cumpla formalmente su parte.

El INAU termina absorbiendo lo que otros no previnieron, no acompañaron o no sostuvieron a tiempo. Luego se lo critica por los efectos de una falla que es estructural y compartida.

Proteger el sentido del INAU exige quién pierde comodidad y quién asume costos. Si no estamos dispuestos a eso, no estamos reformando nada. Solo estamos administrando el daño.