Prioridades claras

Volvió a estar sobre la mesa el viejo asunto de buscar petróleo en Uruguay.

La tecnología avanza a gran velocidad lo que incluye el diseño de sistemas más sofisticados para la prospección petrolera a realizarse en cualquier sitio del planeta.

En este caso estamos hablando de la aprobación del gobierno para que cuatro empresas internacionales realicen exploración sísmica en el mar territorial uruguayo, habiendo seleccionado siete sitios para proceder.

Es una pulseada entre dos brazos poderosos. Por un lado está el impulsado por los que defienden avanzar en esa dirección sin dudarlo, con la esperanza de que efectivamente se hallen yacimientos rentables, que le permitan al país autoabastecerse y exportar el otrora llamado “oro negro”.

Por el otro, los que se sienten muy satisfechos por la coherencia y el éxito de las políticas de estado, que han ubicado al país en un sitial de privilegio y de reconocimiento mundial, gracias a la transformación de la matriz energética nacional, que nos instaló en un pedestal de satisfacer nuestras necesidades con energía eléctrica, por encima del 90%.

Resulta por lo menos curioso que sea justamente el Ministerio de Ambiente el que adhiere a la postura que prioriza los beneficios económicos sobre los perjuicios ambientales.

Creemos que nuestro país no debería embarcarse en una aventura energética que va a contrapelo de la tendencia mundial de luchar sin descanso contra el calentamiento global; y sí profundizar todo lo posible su actual derrotero de sustentabilidad.

Si a ello le sumamos los perjuicios ambientales que todas las etapas de un eventual desarrollo de la industria petrolera tendrán en nuestro territorio, debería robustecer la postura opositora a su autorización.

El primer paso que se ha dado consiste en autorizar actividades de prospección sísmica en varios puntos de nuestro territorio marítimo. Se usan potentes ondas de sonido (energía sísmica) que rebotan y dan información sobre el subsuelo marino, pudiendo establecer si existe presencia de hidrocarburos. Desde luego este procedimiento invasivo impacta a los ecosistemas, particularmente a su diversidad biológica y a la actividad pesquera; sin olvidar que también puede dañar cables submarinos.

Queda claro que la expectativa del gobierno es hallar petróleo y explotarlo en todo su potencial. Poco parece importar la contradicción manifiesta entre el discurso oficial mantenido hasta ahora, de su compromiso total con la transición energética sustentable. Suponíamos que iba a ocurrir una primera oposición al proyecto desde la Secretaría de Estado especializada en protección de la diversidad biológica nacional, porque lleva implícito daños evidentes, que no se solucionan con medidas de mitigación.

Pero no. Al igual que ocurrió con el proyecto Casupá, las pérdidas ambientales son simples costes a absorber.

Si hallamos petróleo en Uruguay seguramente todo cambiará en su política de estado referida a la matriz energética. ¿Dará marcha atrás desestimulando el uso de vehículos eléctricos para volver a promover los a motores de combustión (nafta barata)?

Todo el asunto pone en tela de juicio cuáles son las verdaderas convicciones del gobierno en la materia.