Policías políticos

El título es general, las conductas de las que hablaremos son particulares, precisas, pero por reiterarse el hecho ya no puede ignorarse, so pena de que nos parezca bien retroceder en términos de democracia y convivencia; ni qué decir en lo constitucional.

Desde las épocas de los comisarios políticos departamentales, hace más de un siglo, lo que está aconteciendo en algunos departamentos no sucedía. El Uruguay de aquellas épocas tenía una estructura institucional pactada de distribución política de los departamentos, donde los comisarios ejercían la jefatura política del lugar. De golilla y cintillo, el país se dividía entre los partidos fundacionales para asegurar la paz, después de enfrentarse en el campo de batalla.

Hoy sería inentendible aquello, pero los tiempos institucionales son bien otros, y es propio de la evolución histórica, y con ello de las garantías individuales, políticas y jurídicas.

El pasado está golpeando la puerta, y quiere volver a prácticas, ahora sí, prohibidas. Un hecho, dos, tres: ya no es casualidad.

La “nueva Policía” que definió el ex ministro Bonomi reapareció. Ya no es nueva, y además responde a prácticas obsoletas y peligrosas.

No es “la” Policía, son algunos de sus oficiales que cometen estas prácticas expresamente prohibidas por la Constitución y la ley de partidizar su función. Algunos oficiales que ejercen de jefes de Policía departamental han decidido arrimarse al fruto prohibido de la política, en forma tan evidente como peligrosa, y cual sheriff de lejano oeste, opinan de lo que no deben y actúan fuera de la ley. Quienes deberían ser los primeros en respetar las normas, las pisan.

Tienen el mando departamental de un cuerpo armado y con amplias potestades en materia de investigación e inteligencia, lo que significa poder para meterse en la intimidad y vida privada de los ciudadanos. Esto es preocupante en términos de democracia e instituciones, cuando se desvía.

El jefe de Policía de Río Negro debió ser relevado, unas semanas atrás, y a pesar de que el ministro lo respaldaba, por andar de acto político en un comité de base en Fray Bentos, cual dirigente partidario. Mejor dicho, ejerciendo de dirigente. El de Soriano, desde que asumió, poco antes de detener a Besozzi en un operativo insólito y provocador, mantiene una actitud hostil hacia el intendente, tanto que ordenó a su comando que no fuera a la asunción oficial del jefe departamental, ni, obviamente, fue él.

En estas horas el de Colonia dio una entrevista en “La Diaria” de tinte claramente político y de enfrentamiento al anterior gobierno y a la LUC, y sembrando sospechas sobre inversiones que le llaman la atención ante lo que llamó la “la pasividad”, suponemos, de las autoridades. Si sabe de irregularidades en “manejo de dineros” está obligado a ir a la fiscalía a poner en conocimiento del eventual delito; su función no es de comentarista ni tirar barro al voleo. ¿A quiénes se refiere?

Generalizar en cosas tan graves no corresponde. Acusar al gobierno pasado de tener la culpa es un atrevimiento o una arrastrada para hacer méritos ahora. Algunos jefes haciendo de punteros políticos ya no son hechos aislados.

Estas cosas pasan porque el que debe llamar al orden no lo hace o no le preocupa. Por acción u omisión, el ministro es responsable de que algunos de sus jefes estén metiéndose en cosas que tienen prohibidas y, por lo tanto, estén afuera de la ley. Una Policía respetada y legalista está siendo deshonrada en su profesionalismo por estos oficiales. El uniforme no puede mancharse por estas prácticas ilegales.

Cuando un jefe de Policía decide ponerse al servicio de una ideología y no de su juramento, rompe la institucionalidad. Estos comisarios políticos avanzan porque quienes ejercen su mando lo permiten o lo justifican.

El ministro Negro tolera estas conductas que, si no es él, alguien que maneja los hilos de esa policía política ordena. Parece que hay una decisión clara en poner a los jefes -por ahora estos que nombré- como punteros políticos. La “nueva Policía” es la que armaron algunos viejos mandos policiales, contaminando el prestigio del uniforme policial con militancia partidaria. Es grave democráticamente y la antesala de la violación de las garantías individuales y de servicios de inteligencia usados para fines políticos y contra los ciudadanos. Los policías profesionales, su gran e inmensa mayoría, que honran el uniforme con su entrega y servicio, no deben aceptar órdenes ni prácticas que violan la Constitución y las leyes, desprestigian a la Institución, y los pone fuera de la ley.

La “nueva Policía” política, a la que quieren ponerle golilla y cintillo, es contra la ley y además contra los ciudadanos.