Pelotazo en contra

La historia del Puerto de Montevideo se va consolidando desde 1724 y ha conocido muchas alternativas. La Ley de Puertos de 1992 -Presidencia de Luis A. Lacalle Herrera- terminó con el monopolio en los recintos portuarios a cargo de la Administración de Puertos (ANP).

En una materia relevante como la carga y descarga de contenedores, se apuntó a una actividad competitiva regional e internacional. Se pasó toda la cadena de tareas a las empresas privadas del ramo, que organizaron el trabajo con una única dirección desde el comienzo de la carga o descarga hasta el final. Rápidamente la productividad se multiplicó un 300%. Orientándose el quehacer portuario al establecimiento de Montevideo como centro de operaciones regional e internacional. Abatiéndose además la nefasta acción sindical particularmente la promovida por el partido comunista (Suanp). El Frente Amplio se opuso de plano a la notable reforma. Sin aportar nada a cambio.

Durante la presidencia del Dr. Jorge Batlle en192, se orientó en esta línea la subasta pública que adjudicó la concesión de la única terminal especializada en contenedores que hay en Montevideo al consorcio belga- uruguayo TCP S.A. Implicó grandes inversiones en ampliación de muelles y playa ganada al mar, grúas pórtico y otras instalaciones. TCP S.A. tenía derecho según la legislación vigente a que se le destinara preferentemente por las autoridades la atención de la carga y descarga de contenedores. La autoridad competente solo podía derivar tales operaciones a los demás muelles comunes, si la capacidad de TCP S.A. se viese desbordada.

Al advenir la era frentista -2005- tuvo presencia preponderante en la gestión portuaria el partido socialista. Pasó a dominar al Directorio de la ANP, contaba con jerarquías burocráticas adictas y manejaba al actual sindicato del puerto (Supra). Lo primero que hicieron fue una licitación para construír una segunda terminal de contenedores, lesionando la concesión y la inversión de TCP S.A. El llamado no conoció interesados. Tuvo de positivo confirmar que en el puerto no había espacio para más playas de contenedores.

Con el Frente en el gobierno y la ANP aparece en el escenario la multinacional chileno-canadiense Montecon S.A. que opera en los muelles públicos. Lo hace ignorando la realidad legal que se ha evocado, sin contrato válido a tal fin, sin compromiso de inversión formal, y -abreviando- sin presentarse en el llamado a segunda terminal que viene de citarse. Montando -a su vez-sin concesión una terminal de contenedores a cuyo muelle “curiosamente” comienzan a derivarse por las autoridades las cargas. Al punto de recibir el 65% de las mismas. Sumando a ello el pago de un precio vil a ANP respecto de los espacios físicos que usa. Generando una situación que lleva a la concesionaria TCP S.A. prácticamente a una situación de quiebra.

Estos hechos fundaron la promoción de un arbitraje internacional de parte de los inversores belgas socios de TCP S.A. contra el estado uruguayo, basados en los hechos y el derecho, sumariamente aludidos. Clausurado en un acuerdo reciente que deja sin efecto el reclamo y servirá a una fenomenal inversión en el principal puerto de la República.

El Frente Amplio hizo una denuncia penal contra autoridades del gobierno nacional por la firma del acuerdo. Se avizora servirá paradojalmente para desnudar las ilegalidades y daños gestados en la era frentista.