Patrañas por bandera

Analizamos en columnas previas el meollo de lo ocurrido en el Puerto de Montevideo durante la administración del Frente Amplio. Responsabilidad del Poder Ejecutivo -Ministerio de Transporte y Obras Públicas- y las autoridades portuarias.

Se violó flagrantemente el orden jurídico del estado uruguayo perjudicando severamente a TCP, empresa especializada en terminal de carga de contendedores, de la que nuestra Administración Nacional de Puertos es parte, en beneficio de una corporación chileno-canadiense que opera en muelles públicos. Abriendo paso a un reclamo con claras posibilidades de éxito contra nuestro país de derivarse el tema a un arbitraje internacional. Riesgo advertido -según trascendiera- por el ayer secretario de la Presidencia Dr. Miguel Angel Toma a las autoridades entrantes del gobierno que asumió el 1º de marzo de 2020. Aconsejando evitarlo. Lo que en definitiva ocurrió mediante un acuerdo que está en ejecución y apoya el puerto en contenedores sea centro de operaciones regional e internacional. Ampliando sus instalaciones.

El Frente Amplio montó sobre el acuerdo una gran mascarada con estampida de manada -entre cámaras y microfónos- presentando falaces acciones judiciales, asociado a su mentor principal el Pit-Cnt. Dentro de una incalificable labor sin tregua para perjudicar al gobierno nacional recién electo, desde el vamos. La que no ha menguado un segundo. Es una tarea política fríamente calculada contra el pueblo y el país Quiere promover el descontento social y dividir a los uruguayos. Con hitos insoslayables como su hostilidad en plena pandemia y la protesta airada cuando enfrentamos circunstancias imprevisibles por la invasión rusa a Ucrania. Que ha expandido una ola inflacionaria por el mundo y otras penurias sociales. Castigando incluso a potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Disfrutan de las penurias populares por áquello de “cuando peor mejor”. Ahora atacan la gestión del Ministerio del Interior.

La escuela de mediocridad moral e intelectual que mueve a los activistas se guía por la máxima leninista: ”la verdad no es lo que es sino lo que conviene a la revolución” (o sea el poder para ellos). Y cada vez que promueven inquisiciones como el llamado a comisión al ministro del Interior Luis Alberto Heber van por lana y salen trasquilados. Se omitirá el detalle ya divulgado en los medios de la respuesta ministerial que tuvo impacto de aplanadora. Aunque vale reivindicar con soporte estadístico cierto, que todos los delitos han bajado en el país de forma indiscutible, con excepción de los homicidios vinculados al narcotráfico. Tienen algunos números similares en la gestión anual con los del gobierno anterior. No obstante, hay victorias relevantes en bocas de venta cerradas, kilos de droga incautados, personas indagadas y condenadas y dinero rescatado. En 2005 el socialista José Díaz, hizo justicia social soltando delincuentes presos porque el gobierno frentista consideraba la culpable del delito era la sociedad uruguaya.

Fue el comienzo del acrecimiento nacional del dolo. Y, debe recordarse que los dueños de la patraña quisieron -ahora-debilitar a la policía frente al crimen, oponiéndose a la LUC que defiende a quienes diariamente nos cuidan. Negándose siempre -además- a la posibilidad del allanamiento nocturno de hogares que se sabe son extendida fachada del narco menudeo. Vale ir a otra cosa mariposa.