El decadente ataque personal que la ministra María Julia Muñoz lanzó contra el senador Luis Lacalle Pou es un ejemplo casi perfecto de lo que hay que hacer si uno quiere deteriorar el debate público de una sociedad democrática.

Es además una confirmación de que buena parte de nuestra izquierda está enferma de descalificación. No impor- ta lo que el otro diga o pro-ponga. Lo que importa es que, como lo dijo el otro (es decir, alguien que no es de los nuestros), no merece ninguna consideración.

Basta pensar un instante para entender que, si todos actuáramos así, el debate público colapsaría. Unos descalificarían a otros porque son ricos. Otros descalificarían al resto porque son pobres. Unos se negarían a escuchar a quienes no son suficientemente educados. Otros se negarían a dialogar con los que han estudiado mucho y no tienen callos en las manos. Algunos no escucharían a cierta gente porque son masones. Otros se negarían a hablar con quienes tengan alguna religión. Como resultado, cualquier forma de debate civilizado entre diferentes se volvería imposible. Y cuando no se puede apelar al debate para construir acuerdos de convivencia, lo que queda es la fuerza bruta.

Hubo tiempos en los que tuvimos una cultura de debate más sana. A principios de los años setenta (que no era precisamente una época fácil para el país), dos de los principales referentes políticos eran Wilson Ferreira Aldunate (un “niño bien” criado por institutrices alemanas, que además era estanciero) y Zelmar Michelini (un descendiente de modestos inmigrantes italianos). Pero esas diferencias de origen no aparecían en la discusión. Lo que importaba era lo que cada uno de ellos pensaba, opinaba, proponía. Hoy, en cambio, nuestro debate público gira en torno a la descalificación y el resentimiento. La ministra Muñoz no solo es un triste ejemplo de esta tendencia, sino que es responsable de agravarla.

Pero hay todavía algo más. Entre las muchas razones insólitas por las que la ministra intentó descalificar a Lacalle Pou, mencionó el hecho de que estudió en una universidad privada. Parecería que esa sola condición incapacitaría a una persona para ejercer la Presidencia de la República.

La idea sería pintoresca si solo fuera la opinión de María Julia Muñoz. Pero ocurre que es la opinión de la ministra de Educación y Cultura, y entonces el tema adquiere una dimensión institucional. Porque, según el ordenamiento vigente, el ministro de Educación y Cultura es el regulador de las universidades privadas. Por ejemplo, es el responsable de aprobar la creación de nuevas instituciones universitarias privadas, o nuevas carreras impartidas por las ya existentes. Además, el ministro interviene en procesos que involucran tanto a las universidades estatales como a las privadas, como la validación internacional de títulos.

La ministra encargada de supervisar y regular a la educación universitaria privada acaba de decir que quien estudie en una institución de este tipo no está en condiciones de asumir responsabilidades políticas de primera magnitud. Una visión tan extremadamente prejuiciosa es incompatible con el equilibrio y la ecuanimidad que hacen falta para cumplir adecuadamente esa tarea.

A casi cuatro años exactos de haber asumido el cargo, la doctora María Julia Muñoz sigue sin entender lo que significa ser ministro de Educación y Cultura en este país.