Uruguay atraviesa una caída muy pronunciada de la natalidad. En apenas una década, los nacimientos pasaron de cerca de 49.000 en 2015 a menos de 29.000 en 2025. Se trata de un cambio demográfico de gran magnitud, con consecuencias económicas, sociales y fiscales de largo plazo.
En este contexto, el sistema político discute modificaciones a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las propuestas van en una misma dirección: facilitar el acceso. Son cambios relevantes, que merecen una discusión informada. Sin embargo, esa discusión parte de un diagnóstico equivocado.
Es habitual leer en la prensa que el aborto en Uruguay “está estancado”, que sus niveles son “moderados” y que tiene poca -o ninguna- incidencia sobre la fecundidad. El problema no es ideológico ni ético. Es estadístico.
El primer error es mirar el aborto en números absolutos. Como cualquier fenómeno epidemiológico, su evolución debe evaluarse en relación con la población expuesta. En este caso, los embarazos. Cuando se mide correctamente -abortos cada 100 embarazos, aproximados por la suma de nacimientos más abortos- el diagnóstico cambia por completo. Desde 2013, la propensión a abortar en Uruguay crece de forma sostenido. No hay estancamiento: la tasa se duplicó en una década.
El segundo error es la comparación internacional. Se suele afirmar que Uruguay tiene niveles “moderados”. Tampoco es cierto. En 2024, más de uno de cada cuatro embarazos terminó en aborto. Entre los países con aborto legal a demanda, donde las estadísticas son más confiables, Uruguay se ubica entre los valores más altos del mundo en abortos por embarazo.
El tercer error es afirmar que el aborto tiene poca o ninguna incidencia sobre la caída de la natalidad. Aquí conviene distinguir dos preguntas distintas, que suelen mezclarse. Una cosa es preguntarse cuál fue el impacto de la legalización del aborto sobre la fecundidad. Ese es un ejercicio complejo que requiere comparaciones cuidadosas. Otra cosa, más simple, es preguntarse cuánto de la caída observada en los nacimientos se explica por el aumento en la propensión a abortar, dado el número de embarazos efectivamente observados. Esto no es ideología ni especulación: es matemática.
Los nacimientos son una parte de los embarazos. Puede pensarse en los embarazos como una “torta” que se divide entre los que llegan a término y los que no lo hacen. Si año a año la torta se achica -es decir, si hay menos embarazos- es esperable que haya menos nacimientos. Pero si, además, aumenta la proporción de esa torta que no llega a término, los nacimientos caen todavía más. Lo que ocurre en Uruguay combina ambos efectos: un efecto nivel -menos embarazos en total- y un efecto composición -una mayor proporción de ellos termina en aborto-.
Nada de esto zanja debates éticos, legales o morales. Tampoco nos informa sobre qué políticas deberían implementarse para aumentar la natalidad, ni sobre si es deseable o posible influir sobre las decisiones reproductivas. Pero sí debería ordenar el diagnóstico.
Modificar una ley en un contexto de mínimos históricos de natalidad exige, como mínimo, claridad estadística. Si la discusión pública parte de datos mal interpretados, el riesgo no es solo normativo. Es estratégico. Porque las políticas públicas pueden -y deben- debatirse. Pero el punto de partida debe ser un diagnóstico correctamente formulado.