En estos días, desde algunos sectores se intenta instalar la idea de que el actual gobierno heredó una situación fiscal insostenible, una especie de “bomba de tiempo” que estaría por explotar. Pero si nos atenemos a los datos duros -esos que no gritan pero dicen la verdad-, lo cierto es que lo que se dejó fue un país en mejor estado que en 2019.

¿Quién dejó el clavo y quién paga la cuenta?

Cuando un gobierno asume, no lo hace con la cuenta bancaria en cero ni con la agenda vacía. El Estado funciona con compromisos que trascienden a los períodos. Se compran bienes, se firman contratos, se ejecutan obras que siguen su curso. Eso no es una “bomba”: es el funcionamiento normal de cualquier administración pública.

Por eso, si se quiere evaluar con honestidad, hay que comparar el nivel de gasto comprometido que dejó el Frente Amplio en 2020 con el que recibió cuando asumió. Esa es la discusión real. No una metáfora explosiva.

Los compromisos asumidos por el gobierno anterior estaban dentro de parámetros normales. La llamada “deuda flotante” -obligaciones de corto plazo- rondaba el 0,5% del PBI en 2019 y se mantiene en niveles similares en 2024. No hubo herencia oculta ni factura escondida bajo la alfombra.

El déficit fiscal (GC-BPS) en el último año del Frente Amplio fue de 3,9% del PBI. En 2024, ese número se redujo a 3,4%. La diferencia son unos 400 millones de dólares menos de déficit. Si sumamos las empresas públicas, la mejora total ronda los 500 millones. Lejos de haber dejado un desastre, el gobierno cerró con mejores números.

¿Se aumentó el gasto? Sí. ¿Se descontroló? No.

Entre 2019 y 2024 el gasto público creció en términos del PBI. Pasó de 29,9% a 30,9%. Pero lo importante es que los ingresos crecieron más: subieron de 26% a 27,5% del PBI. Eso permitió reducir el déficit, no aumentarlo. Es decir, se manejó el gasto con responsabilidad fiscal, incluso en un contexto global muy adverso.

Además, el crecimiento del gasto público primario fue el más moderado de los últimos veinte años: un 1,4% real anual en promedio. Para tener una referencia, con Mujica creció un 7,5% real anual, y con Vázquez entre un 2,9% y un 3,6%, según el período.

Uno de los indicadores más importantes para evaluar una gestión económica es el empleo. En febrero de 2020, justo antes del cambio de gobierno, la tasa de empleo era de 56,4%, se habían perdido 50.000 empleos. En febrero de 2025, esa cifra subió a 59,4%, según datos del INE. En términos concretos, se crearon más de 111.000 puestos de trabajo en este quinquenio. No es relato: es gente que hoy tiene trabajo y antes no lo tenía.

La creación de empleo no es solo un número; es la posibilidad de que miles de familias tengan un ingreso estable, la oportunidad de que más personas accedan a derechos laborales, y la mejora de la calidad de vida en el país. La tasa de informalidad también mejoró pasando de 24,9 en enero de 2020 a 21,3 en enero de 2025.

Desde mediados de 2021, Uruguay es el país con menor riesgo país de América Latina. ¿Qué significa esto? Entre menor sea ese riesgo, más confiables somos para los inversores internacionales. Es una señal de confianza, lo que se traduce en tasas de interés más bajas y en una mayor capacidad de acceder a financiamiento para proyectos nacionales, lo que nos permite mantener nuestras finanzas en orden y avanzar en políticas públicas que beneficien a la sociedad.

Durante el período de gobierno 2020-2025, Uruguay alcanzó el mejor grado inversor de su historia. Este logro no solo es un título para mostrar afuera, sino que tiene un impacto directo en nuestra economía: permite que lleguen inversiones, que las empresas locales accedan a mejores créditos y que el Estado pague menos intereses. Quizá esto explique por qué en 2022 Uruguay recibió una cifra récord de inversión extranjera directa. Beneficios concretos para la ciudadanía: obras, servicios, oportunidades.

El anterior Gobierno logró que la inflación en Uruguay esté dentro de su rango meta: la más baja en 18 años. Esto es clave para mantener el poder adquisitivo de los uruguayos, crear estabilidad económica y dar confianza en las personas y las empresas.

Lo que muestran los datos es que el país fue entregado con una estructura económica sólida. Incluso habiendo atravesado una pandemia, una sequía histórica y una crisis global, el resultado fiscal mejoró y el empleo creció.

Se puede debatir sobre modelos de desarrollo, sobre prioridades o sobre gestión política. Pero lo que no se puede es construir relatos que nieguen la realidad. Y los hechos muestran que no hubo bomba ni descontrol. Hubo orden, mejora y responsabilidad. Ahora, que algunos quieran prender la mecha con discursos apocalípcticos es otra historia. Pero los datos, por suerte, no explotan: explican.