Libertad de prensa

Javier García

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dado a conocer en los últimos días, señala que los ataques del gobierno a los medios afectó la libertad de prensa en Uruguay. No era para menos desde el momento en que el presidente los clasificó en oficialistas y opositores y dio piedra libre para que el resto de los jerarcas comenzaran su guerra santa.

Este organismo internacional no es de la simpatía del gobierno por la sencilla razón que dice cosas que a éste no le gustan, a pesar de su veracidad. Por ello salieron algunos ministros a criticar los contenidos del informe y desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia se aclaró que este gobierno no ha presionado a ningún medio y no hace llamadas telefónicas para incidir en lo que se informa o deja de informarse. Ha sido mucho peor y para ello recordaremos dos episodios.

Una ministra avanzó sobre la clasificación de los medios e incurrió en un detalle más preciso denunciando que había entre periodistas un "eje del mal" de algunos de ellos que matizaban sus almuerzos semanales conspirando contra el gobierno. Como nunca se informó quiénes integraban este complot y de qué forma operaban esos periodistas para desestabilizar al gobierno, quedó sobre todo el periodismo un manto de duda y la sospecha pende sobre todos aquellos que realicen dos actividades durante sus días de trabajo: sean periodistas y almuercen. Todos son sospechosos hasta demostración de lo contrario y todos, en un medio chico como el nuestro y donde la propaganda oficial tiene tanto peso, recibieron el mensaje claro: los estamos controlando. No hay forma más sutil de limitar la libertad que la amenaza, que termina operando como una censura camuflada.

El segundo ejemplo es el del jefe de redacción de "Búsqueda", el periodista Gabriel Pastor. Hace seis meses que se comenzó, a partir de una denuncia telefónica anónima, una investigación sobre él y su esposa, incluyendo a sus hijos, por un supuesto maltrato a uno de sus pequeños. El INAU, ex Iname, dio curso a esta supuesta denuncia, casualmente un día después de que este semanario publicara información sobre ese organismo estatal.

Todos somos iguales ante la ley y nadie, sea periodista, tornero, legislador o Presidente de la República, puede pensar que su ejercicio profesional lo autoriza a maltratar a un hijo. Deben existir, sin embargo, las garantías necesarias para defenderse y demostrar que se es inocente. Pastor pidió reiteradas veces los documentos sobre los que se hace la investigación, pero nunca aparecieron. Le insinúan que el caso quedó archivado, y ¿quién se hace cargo del daño que se le produjo a partir de una denuncia apócrifa?

En este caso se utilizó el anonimato y por lo tanto no sabemos si la denuncia existió o fue inventada, para presionar de la manera más deleznable a un periodista y a un medio de prensa.

Se atajan y dicen que el gobierno no llama a los medios para presionar, cosa que ya de por sí estaría mal, pero la verdad es que si aquello sucedió, esto es mucho peor.

El gobierno tiene mayorías y poder absoluto, sin embargo se molesta cuando se ejercen los únicos resquicios para controlarlo. Se malhumora con la oposición cuando llama a sus ministros a sala y a comisiones y con la prensa porque no repite los boletines oficiales.

Amenaza y presiona impunemente.

La libertad de prensa está en peligro y las "advertencias" a los periodistas a veces son sutiles y a veces cara a cara.

No hay forma más sutil de limitar la libertad que la amenaza, que termina operando como una censura camuflada