Pendiente de deglución el pasaporte atragantado entre Montevideo y Dubái, el domingo 25 en Suárez y Reyes fue detenido el jefe de Seguridad del Presidente Lacalle, por coautoría en la falsificación serial de pasaportes y partidas.

Fuimos sabiendo que el involucrado había zafado de 15 indagaciones policiales, que había sido procesado por estafa en 2002, que, de nuevo por estafa, había pasado 4 meses del 2013 en la cárcel de Las Rosas y que recibía a sus compinches en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Del vodevil al grotesco, de la befa al escarnio. Esos vocablos están en desuso, pero hechos de este calibre nos obligan a restablecerlos, porque lo ocurrido es burla grosera y afrentosa, no solo para el Primer Mandatario sino para nuestro régimen de vida.

Al asumir, el Dr. Lacalle afirmó que si en su mandato se cometían errores, el responsable iba a ser él. Esa actitud de ética ensanchada vale mucho como compromiso y respaldo moral último, pero ni a los gobernantes ni a los gobernados nos exonera de responder por nuestras acciones y omisiones. Nuestro Derecho no concentra el mando en el Presidente. Es el Jefe de Estado y Gobierno, pero solo ejerce el Poder Ejecutivo “actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros”: artículos 149 y 168 de la Constitución.

Al haber designado a un ex policía que había sido delincuente y en eso siguió, sin duda la decisión personal del Primer Mandatario incurrió en error “in eligendo”, que derivaría de habérsele entregado una planilla limpia de antecedentes, ocultando la prolífera ejecutoria de su guardaespaldas. Por cuyo motivo, en estas horas se está indagando si la omisión de anotaciones resultó de un agujero negro legal o informático… o si la generó un dolo más perpetrado por el falsario.

Pero con o sin información en planilla, el asunto no puede terminar en la sola responsabilidad presidencial, por dos razones. La primera es que la seguridad del Presidente no es un asunto sólo de él, sino tema de todos y de Estado. La segunda es que el procesamiento por estafa del año 2002 más 11 de las 15 averiguaciones policiales que escrachaban el curriculum del hombre de confianza, habían visto la luz pública en la prensa.

Eso plantea una cuestión mayor: la Administración no tiene derecho a ignorar los elementos que le queden a la vista en diarios y semanarios. Incómodos o gratos, los aporte un amigo o un contendor, los hechos y los documentos se sopesan sin cintillo; y si son veraces, los funcionarios competentes tienen el deber jurídico y político de hacer lo que el Derecho les manda. El orden público no habilita a mirar para otro lado ni a lavarse las manos. La omisión de proceder en que se incurrió hace dos años deberá aclararse, pues, raspando hasta el hueso.

Y no solo habrá que reforzar los sistemas estatales de contralor, cuya fragilidad es patética con gobiernos de cualquier tinte. Además, habrá que, en todos los rincones, recuperar los principios, el rigor lógico y la exigencia de examen sin prejuicios, de modo que nadie pase de largo ante lo que denuncie cualquier medio de prensa, despejando verdades o falsedades aunque duelan.

La Constitución nos llama a vivir como República ejemplarmente seria. Para ello no basta correr de atrás las canalladas. Hay que frustrarlas en sus madrigueras. Y restablecer, con urgencia, la pasión pública por la legalidad y el horror ciudadano por las afrentas.