A nadie puede sorprender la existencia de dos universos explicativos paralelos que conviven hoy en el país: por un lado, el de la izquierda cultural y política; por el otro, el de la gran mayoría de los partidos que conforman la Coalición Republicana y los entornos culturales y sociales que le son afines.

A pesar de esa instalada división, me resultó llamativo y raro que el presidente del Frente Amplio (FA) se opusiera a un proyecto de ley oficialista que pretende crear en el Archivo General de la Nación una sección para reunir todos los documentos en manos del Estado sobre violaciones a los derechos humanos durante lo que se conoce como “pasado reciente” y refiere, esencialmente, al período 1973-1985. Argumentó Pereira que hay que ser cuidadosos con la difusión de estos archivos, porque contienen “información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado”.

Es raro porque con la Comisión para la paz de Jorge Batlle primero, y luego sobre todo con la primera presidencia de Vázquez, ya se realizaron publicaciones muy amplias sobre estos temas. Se destaca, por ejemplo, la coordinada por el integrante del Partido Comunista Álvaro Rico “investigación histórica sobre detenidos desaparecidos”, que cuenta con cinco tomos y mucha información. Es decir que el impulso por hacer públicas informaciones sobre personas que fueron víctimas de la dictadura no es nuevo, y no mereció reparos de parte de Pereira, ni del FA, cuando respondió a una iniciativa del Ejecutivo presidido por Vázquez.

Es llamativo porque en esta administración, en particular a través de los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, se ha brindado información que los gobiernos del FA no habían dado, a pesar de pasar 15 años en el poder y de apoyarse sobre este tema para moldear una parte sustancial de la identidad de la izquierda. Y también lo es porque es sabido que, para el caso del llamado Archivo Castiglioni por ejemplo, una estalinista alianza entre autoridades del Poder Judicial y universitarios totalmente sesgados -dentro de los cuales figura el mismo Rico-, se ha preocupado por impedir al investigador y periodista Álvaro Alfonso acceder a información detallada y clave para analizar mejor lo ocurrido en tiempos del pasado reciente.

¿Cómo puede ser que el presidente del FA se oponga a una unificación de información sobre el pasado reciente que facilite la tarea de los investigadores y que permita a cada uno de los ciudadanos, libremente, poder informarse en fuentes primarias sobre lo ocurrido en ese tramo tan relevante de nuestra historia? Porque, de verdad, nadie con dos dedos de frente puede creer ese argumento tonto de no querer difundir información sobre las víctimas, cuando el FA y toda la constelación de organizaciones izquierdistas que gira en torno a estos asuntos se ha dedicado por décadas, justamente, a difundir información al respecto (y muchas veces de manera parcial).

¿Hay algo que la izquierda quiera ocultar de ese pasado reciente y que el libre acceso a la información termine haciendo público? A estar por las peripecias que ha sufrido Alfonso sobre el Archivo Castiglioni, sin ninguna duda, y por eso mismo es muy importante aprobar esa ley. Que las máscaras zurdas caigan.