La opacidad

Han transcurrido apenas siete meses de gestión del actual Gobierno. Hay que recordar que comenzó con tropiezos vinculados a irregularidades o errores jurídicos en la designación de varios jerarcas. En pocas semanas tuvieron que renunciar, por diferentes irregularidades, la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial por no cumplir con sus obligaciones tributarias en la regularización de su propia vivienda; la Vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos por haber designado a su esposo en un cargo de confianza, violando normas muy evidentes de transparencia y el Presidente del Instituto Nacional de Colonización que, después de acusar de “burros” a los que le señalaron que siendo colono no podía presidir el organismo, tuvo que renunciar sin más discusión.

Hasta aquí ya se había batido el record de renuncias por designaciones irregulares en cualquier otro Gobierno en tan corto tiempo. Vale decir que, al menos, el Gobierno en todos estos casos, tarde y a regañadientes, sin embargo, resolvió cesar o solicitarle la renuncia a los referidos jerarcas. Pero, notoriamente, después de estos episodios se produjo un cambio de actitud que ha permanecido hasta el presente. El lector, razonablemente, pensará que el cambio consistió en que no hubo más casos irregulares. Pues, no.

El cambio consistió en que después de aquellos primeros casos, el Gobierno decidió no aceptar ni pedir la renuncia de más jerarcas, aunque las circunstancias fueran notoriamente contundentes. El primer caso en el que el Gobierno decidió mantener al jerarca fue el del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que también había omitido pagar tributos por propiedades inmuebles.

Pero, desde entonces a la fecha se han detectado cuatro notorias irregularidades más que horadan el cumplimiento del deber de transparencia en la gestión pública y continúan tan campantes como si nada hubiera pasado.

La primera situación fue denunciada por nuestro diputado, Gerardo Sotelo, y constituye un escándalo notorio de conjunción indebida de intereses. Desde febrero de este año se denunció que la Directora de Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Rosario Odino es la esposa del propietario de la principal Clínica de Radiología, la Clínica COR. Por lo tanto, quien debe controlar el funcionamiento de esa empresa es su cónyuge. A pesar de las advertencias realizadas desde hace meses, la inaceptable situación continúa incambiada.

En segundo lugar, se conoció que la Secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, sacó en comisión a su pareja lo que también es violatorio de los principios de transparencia. También en este caso, a pesar de la difusión pública de esta situación, nada ha ocurrido.

En tercer lugar, la situación del Presidente de ASSE, Alvaro Danza, es más que insostenible. No sólo está trabajando en instituciones privadas de atención médica que pueden estar en competencia o vinculadas a contratos de servicios con la institución pública que preside; sino que, además, su dedicación es necesariamente parcial e insuficiente habida cuenta de las cargas horarias que realiza en sus otros trabajos correspondientes al sector privado. Por si esto fuera poco, ahora se sabe que la enorme mayoría de sus ingresos mensuales provienen del sector privado. Resulta evidente que su dedicación a la Presidencia de un organismo de la magnitud y carga de trabajo de ASSE no es la que debería ser.

Sin embargo, permanece en el cargo con el apoyo de todo el Gobierno.

Finalmente, la frutilla de la torta es el notorio incumplimiento nada menos que de la JUTEP que a siete meses de haber asumido el nuevo Gobierno no ha cumplido con el básico deber de transparencia de publicar las Declaraciones Juradas de los integrantes actuales del Gabinete.

Basta ingresar a la página web de este organismo para encontrarse con que aún están las declaraciones juradas de los Ministros del Gobierno anterior y no se conoce el patrimonio de los actuales Ministros de Estado.

Fíjese el lector, que entonces acumulamos, probablemente haya alguna más, ocho situaciones de opacidad o de ausencia de transparencia que han violado diferentes normas vigentes.

Pero, además, se produce el agravante de que ahora parece no importarle al actual Gobierno el incumplimiento en estas normas básicas que hacen a la ética pública, con violaciones normativas de todo tamaño y magnitud. Es deber de la oposición marcar con firmeza estas irregularidades y evitar que, como parece querer el actual Gobierno, se conviertan en “parte del paisaje”, naturalizando el incumplimiento de estas normas.

La cosa es aún más grave si se recuerda que uno de los principales slogans de la campaña electoral del Frente Amplio el año pasado era “Que gobierne la honestidad”. Sin palabras. La otra consigna era “Sabremos cumplir”. También sin palabras.

No permitamos que estas prácticas se normalicen y se bajen los niveles de exigencia en nada más ni nada menos que la transparencia en la gestión pública, tal como parece estar empeñado el actual Gobierno.