La licencia social

La licencia social no nace de una autorización legal ni de la voluntad de un gobierno. La concede la sociedad cuando percibe que un cambio es necesario, razonable y beneficioso. Es aceptación, pero también confianza. Y esa confianza no se impone. Se gana, paso a paso, con comunicación, diálogo y consistencia.

La expresión fue utilizada por primera vez por Jim Cooney, ejecutivo canadiense, en una conferencia del Banco Mundial en 1997. Su advertencia fue simple y poderosa. Para avanzar no alcanza con cumplir la ley; también se necesita la aceptación y la confianza de la comunidad.

Lo mismo ocurre con las políticas públicas. Hay reformas necesarias, bien pensadas y hasta urgentes que nunca llegan a plantearse si la sociedad no está preparada para respaldarlas. A veces ni siquiera se pronuncian en voz alta. No por falta de argumentos, sino por temor a la reacción social.

Cuando la licencia social aparece, se abre una oportunidad. Y las oportunidades de ese tipo conviene aprovecharlas. Eso ocurre con la Ley de Competitividad enviada al Parlamento el pasado 18 de junio.

Durante años se construyó un consenso sobre la necesidad de eliminar regulaciones innecesarias, simplificar trámites y facilitar la actividad de quienes producen, invierten, emprenden o trabajan. Medidas en esa línea aparecieron, con distintos énfasis, en programas del oficialismo y de la oposición, tanto en la última campaña electoral como en campañas anteriores. La academia y la sociedad civil también contribuyeron.

En esencia, el proyecto de ley persigue cuatro grandes objetivos.

Primero, simplificar la relación entre ciudadanos, empresas y Estado. Para ello introduce proporcionalidad en los controles, silencio positivo en las autorizaciones, registros unificados, declaraciones juradas, documentos digitales, interoperabilidad entre dependencias y algo tan básico como no pedir información que el propio Estado ya tiene.

Segundo, facilitar el comercio exterior para profundizar la apertura de la economía. Para ello promueve la modernización aduanera, la gestión de riesgo, el reconocimiento de certificaciones internacionales y el fortalecimiento de ventanillas únicas.

Tercero, promover mayor competencia para bajar el costo Uruguay. Para ello propone mejoras en la institucionalidad de defensa de la competencia, facilita importaciones, introduce cambios en compras públicas y amplía la información al consumidor.

Cuarto, crear mejores condiciones para innovar, emprender e invertir. Busca que el Estado intervenga cuando corresponde, pero que deje de ser una traba permanente para quienes quieren producir.

Indirectamente, el proyecto mejora la inserción internacional, al incorporar reglas compatibles con mercados a los que Uruguay pretende acceder en mejores condiciones. Varias disposiciones alinean al país con estándares relevantes para el Acuerdo Transpacífico y Estados Unidos, así como para una eventual agenda de mayor acercamiento con la Unión Europea y la OCDE.

La Ley de Competitividad representa un avance importante. Sería deseable que el Parlamento la apruebe con una mayoría amplia, porque permite aprovechar una oportunidad poco frecuente: hoy existe licencia social suficiente para avanzar en una agenda que el país necesita. Dicho eso, hay que mirar el proyecto con atención. En varios casos, la ley marca una orientación correcta, pero deja aspectos decisivos para la reglamentación posterior. Ahí se juega buena parte del resultado: en que el espíritu de la ley no se pierda luego en decretos, reglamentos o inercia burocrática.

Muchas medidas abren una puerta para liberar mercados a la competencia, pero dejan en la reglamentación la llave para volver a cerrarla. Cuando una buena regla depende demasiado de la voluntad administrativa del día después, el riesgo es que el cambio sea más declarativo que efectivo. Más aún en Uruguay, donde somos expertos en complicar lo simple.

La ley podría fortalecerse con la creación de una institución independiente, de alta jerarquía técnica, dedicada a velar por la competitividad. Hay antecedentes valiosos para tomar como referencia. Australia es un ejemplo mundial en institucionalidad orientada a analizar reformas, evaluar regulaciones y aportar evidencia al debate público. Uruguay también tiene una experiencia útil, aunque en otro terreno, con el Consejo Fiscal Asesor.

Un Consejo Asesor de Competitividad ayudaría no solo a sostener el impulso reformista en el tiempo, sino también a construir licencia social para abordar asuntos que hoy no la tienen, pero que serán inevitables si el país quiere mejorar su competitividad.

Hoy no existe licencia social para avanzar en una reforma que flexibilice el mercado de trabajo. El clima parece ir en la dirección opuesta. Buena parte del debate laboral apunta a incorporar nuevas rigideces, desde mayores restricciones a la finalización del vínculo laboral hasta la reducción obligatoria de la carga horaria sin baja salarial, en un país donde la productividad del trabajo cayó durante la última década.

Tampoco existe licencia social para reducir la carga fiscal y tarifaria mediante una baja del gasto público. La ley de presupuesto aprobada en diciembre lo dejó claro, y el proyecto de rendición de cuentas enviado al Parlamento vuelve a confirmarlo. El gasto público sigue creciendo y, medido en términos reales por persona, ya es dos veces y media superior al de 2005.

La ley enviada al Parlamento no resolverá por sí sola los problemas de competitividad del país. Deja fuera aspectos básicos que también la determinan. Pero puede empezar a corregir una dimensión que tambalea desde hace demasiado tiempo: la regulación para la competencia.

La competitividad se sostiene sobre tres patas: regulación para la competencia, regulación laboral y carga fiscal. Las tres son críticas. Ninguna está firme. Todas requieren ajustes y todas implican discusiones complejas, pero necesarias. Hoy existe licencia social para avanzar en la primera de ellas. Es una oportunidad concreta, relevante y poco frecuente. El país no debería dejarla pasar.