La crisis y el trabajo

RICARDO REILLY SALAVERRI

Al establecerse la Unión Europea los estados que adhirieron a ella renunciaron a su soberanía monetaria. Esta les permitía regular la emisión de su moneda y les daba flexibilidad para la adopción de medidas monetarias que podrían generar inflación, pero que al mismo tiempo les permitían desarrollar políticas para prevenir cómo ir controlándola. Desde que se pasó a utilizar el euro la posibilidad mencionada dejó de existir. Hay un banco comunitario que emite la moneda y los países que precisen recursos lo que deben hacer es pedir prestado a la autoridad central, que emite euros mediante la emisión de bonos estatales. Endeudamiento al que terminan pagando los contribuyentes de los respectivos estados.

El error cometido fue que la adopción del euro como moneda común estaba librada a la buena fe de los estados signatarios de la Unión, que se comprometieron a limitar su gasto público a determinado porcentaje de su producto bruto interno, lo que no cumplieron. Así, han venido a terminar sin capacidad de hacer frente a sus obligaciones. La autoridad monetaria central les exige que recorten sus gastos, para efectuarles nuevos préstamos sin los cuales no pueden cumplir sus compromisos internacionales (default) y sus presupuestos internos.

Así, Europa se ha desayunado con la necesidad de que la moneda común debe ir de la mano de una política fiscal común, como ocurre en los Estados Unidos de América, en los que hay una autoridad monetaria única -el Sistema de Reserva Federal- una moneda común, el dólar, y una política de ingresos y gastos federales común.

Si bien hay estados con problemas presupuestales y alto endeudamiento que pueden recibir ayuda federal, en principio deben arreglarse como un particular: tratando de recaudar lo más que pueden y achicando los gastos de la casa.

Portugal, España, Italia y Grecia, con diferentes grados de endeudamiento y de manejo de sus políticas internas, son empresas quebradas. Y si hay recuperación se sabe que llevará años lograrla.

Un área especialmente castigada es la que toca al empleo y las retribuciones del trabajo. Sea público o privado. Los niveles de desempleo vuelan y las retribuciones se hacen añicos. En el sector público porque no hay dinero con qué pagar, en el sector privado por lo mismo y porque parte de la fiesta se debe a abundantes y generosas regulaciones laborales, de tiempos de vacas gordas, que no tuvieron en cuenta que podrían llegar los de vacas flacas.

Aquí también la diferencia con los Estados Unidos de América, es grande (no estamos diciendo lo que es mejor o peor), porque aún con su crisis a cuestas y un desempleo que se niega a caer, este país es el más desregulado en materia laboral del mundo desarrollado. Los sindicatos casi no existen, más que en las grandes empresas, no tienen afiliación extendida (no más de un 8% de la fuerza de trabajo está sindicalizada), y la legislación laboral es mínima, al punto que el despido puede disponerse con carácter general sin expresión de causa, y sin derecho a indemnización alguna. En el caso de los empleados públicos, no hay allí ninguna empresa estatal, la huelga está prohibida y en caso de controversia colectiva se la debe someter a un arbitraje cuyo laudo es obligatorio.

Las situaciones laborales distintas seguramente darán lugar a un futuro también distinto.