Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Otro atropello legal

Otra vez el gobierno, ignorando la Constitución, intenta concretar uno de sus proyectos políticos.

El silencioso avance de las negociaciones con una gran empresa china para la construcción de un puerto pesquero de grandes proporciones en Punta Yeguas, reitera el uso oficial de esta estrategia de secretismo para conseguir inversiones. ¿Por qué lo hace? Porque, cumpliendo con los pasos previstos por las disposiciones legales vigentes en nuestro país, resultaría muy difícil de aprobar.

El primer y gran obstáculo a superar para habilitar el puerto está consagrado en nuestra Carta Magna. El inciso 9 del artículo 85 establece como competencias de la Asamblea General (Poder Legislativo) “Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara; fijar sus límites; habilitar puertos, establecer aduanas, etc. etc.”

No es necesario aclarar su alcance. Sin la aprobación de esa mayoría especial de senadores y diputados, no se puede habilitar nuevas terminales portuarias en ninguna parte del territorio nacional.

Es un mandato constitucional incuestionable el que le da al cuerpo de legisladores para velar por los intereses superiores de la nación.

No es casual que se haya establecido la necesidad de contar con ese apoyo extraordinario -de dos tercios de votos- porque se trata de asuntos de suma importancia para el presente y futuro del país. La sabiduría de esta exigencia radica en tratar de evitar que malos gobernantes de turno embarquen al país en aventura muy negativas.

El actual gobierno es consciente de ello, por esa razón no planteó oportunamente el tema sobre la mesa de discusión política y pública, y menos aún cumplió con su obligación de presentarle el proyecto a la Asamblea General para que los discutiera. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabía de antemano que era imposible su aprobación en un ámbito dónde primen los intereses nacionales.

¿Quién puede apoyar una terminal pesquera para 200 embarcaciones, con instalaciones para la reparación de barcos y procesamiento de la pesca, que será de uso exclusivo de una empresa extranjera, dedicada a la captura y comercialización de lo que captura en aguas del Atlántico sudoccidental, y en régimen de zona franca?

Al igual que se procedió en el caso de la fábrica de celulosa que se pretende autorizar en el país, aquí también el camino parece ser: avanzar lo máximo posible en las negociaciones de manera silenciosa y discreta, hasta llegar a la firma de los contratos vinculantes, porque luego de hecho ya casi no habrá vuelta atrás; no importarán demasiado las reacciones y reclamos que surjan por doquier.

Por su parte el gobierno, a falta de invocar una razón aceptable y con cierta lógica, recurre a una explicación infantil, impresentable, de que este nuevo puerto es “una extensión del área portuaria de Montevideo”, no siendo necesaria la habilitación de un nuevo puerto.

El punto escogido ni siquiera está dentro de la bahía de Montevideo. Para llegar allí hay que dejar atrás el Cerro, Casabó, Santa Catalina y seguir viaje hacia el oeste del departamento.

Si queremos una república sana debemos asegurarnos que se respete y cumpla la Constitución; en primer lugar por el gobierno.

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