Con las proyecciones, objetivos y disposiciones presupuestales incluidas en la rendición de cuentas presentada al Parlamento podemos analizar cuál es la orientación de la política económica del gobierno hasta el final de su período.

En medio de una coyuntura internacional, regional y nacional que se ha vuelto compleja y adversa, el orden macroeconómico en general y el fiscal en particular, cobran una importancia central para no repetir errores del pasado hacia los que nos encaminamos si no corregimos el rumbo.

En el contexto internacional, la rendición parece subestimar las condiciones adversas: suba de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal en Estados Unidos, caída de precios de nuestros productos de exportación, aumento del precio del petróleo y guerra comercial entre EE.UU. y China con costos billonarios en dólares que afectarán al comercio global. El efecto de la suba de la tasa de interés, que continuará este año sustentada en la fortaleza que exhibe la economía norteamericana, tendrá efectos sobre la llegada de capitales, inversión extranjera directa y costo de la financiación pública y privada.

El deterioro del contexto regional también parece haberse subestimado. Los analistas brasileños y argentinos vienen bajando sistemáticamente sus proyecciones de crecimiento en los últimos meses, lo que no fue tomado en cuenta debidamente. En el caso de Brasil la expectativa de crecimiento es levemente inferior a la proyectada por el gobierno, pero en el caso argentino prevé un crecimiento de 1,3% para ese año cuando el promedio de la encuesta que realiza el Banco Central de Argentina, publicada este mes con datos de junio, es de 0,5%. El efecto de la fuerte devaluación también hace presagiar efectos importantes sobre las exportaciones de bienes industrializados cuyo único destino es Argentina y sobre el turismo en la próxima temporada.

La situación de nuestro país tampoco fue calibrada adecuadamente. Desde 2015 el país crece a una tasa promedio de 1,7% (incluyendo una proyección razonable de 2,1% para 2018), mucho más baja que la del período 2004-2014 de 5,4% anual; con caída de la inversión en cada año y pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo. Los últimos datos oficiales también son peores de los que toma en cuenta la rendición: un déficit fiscal de 4%, una relación deuda pública bruta sobre producto de 66,9% y una inflación de 8,1%.

En este escenario la suba del gasto público previsto de 4.420 millones de dólares para 2019 y 4.720 para 2020, aunque es un porcentaje menor del gasto total, constituye un error muy importante porque debió haberse priorizado la sustentabilidad fiscal, base de todo desarrollo económico y social. El objetivo de 2,5% de déficit que se pasó de 2019 a 2020 es inalcanzable con la actual trayectoria de las cuentas públicas y, por el contrario, todo parece indicar que difícilmente baje de sus niveles actuales e incluso existe una probabilidad no menor de que aumente.

Este problema se podrá disimular mientras la economía continúe creciendo pero, si la coyuntura internacional o regional se sigue deteriorando, tendremos que enfrentarla desde una posición de vulnerabilidad que sufrimos en otras etapas de las que lamentablemente no supimos aprender la lección.