La semana pasada se publicaron unas declaraciones del ministro Mujica sobre la formación de futuros profesionales universitarios y las necesidades del país, las que motivaron una respuesta mediática del Rector de la Universidad de la República. Hace tiempo que el tema nos preocupa y ocupa, y a él le hemos dedicado varias exposiciones en el ámbito parlamentario, académico, gremial y periodístico, algunas de las cuales están editadas.
Afirmó Mujica que "la Universidad necesita reformas que tengan en cuenta lo que la sociedad necesita; hay que pensarla para los próximos 30 años". Reclamó discutir en distintos ámbitos la forma en que se distribuyen los ingresos en la Udelar, en relación a lo que le conviene al país. Sostuvo luego que es probable que se diga que con sus afirmaciones no está respetando la autonomía universitaria, pero agregó que "éste es un problema estructural de todo el país". Luego entró en consideraciones más operativas, como "establecer un tope al ingreso para las carreras superpobladas como medicina, derecho y notariado, y facilitar las inscripciones en ingeniería y ciencias", y que se "lucha por elevar el presupuesto al final del quinquenio, pero hay que discutir cómo se distribuye el dinero". En general coincidimos, hace años, con lo expresado.
La respuesta del Rector es ambigua, pues por un lado rechaza radicalmente algunas de las consideraciones de Mujica, pero finaliza diciendo que "la mejor forma de estimular una modificación de la elección estudiantil es un proceso de cambio real en el país", y que en ese sentido está totalmente de acuerdo con el Ministro. ¡Como si la Universidad estuviera, o debiera estar, en el furgón de cola del proyecto nacional, esperando que el cambio se desarrolle y consolide para recién entonces procesar el propio cambio!
A esta altura estamos convencidas que es un error plantear el tema desde el punto de vista restrictivo del ingreso a determinadas carreras. El planteo que la sociedad requiere es en relación a las necesidades de profesionales universitarios —actuales y futuras— de acuerdo al Uruguay prospectivo que queremos. Para ello, más que focalizar sobre el ingreso de estudiantes debemos pensar en los profesionales que egresen, pensar en un cupo para ellos, sean éstos ingenieros, agrónomos, médicos, abogados, químicos, biólogos, sociólogos u otros. Apenas se aborde este planteo podremos constatar que la sociedad está gastando en formar profesionales que no requiere —los tenemos en exceso— mientras no invertimos en formar otros que sí necesitamos y no alcanzan.
Esto es lo que se hace en el mundo, tanto el desarrollado como en vías de desarrollo. No es novedoso, apenas es de sentido común y elemental aplicación de inteligencia y racionalidad a los efectos de encaminar los estudios de los jóvenes en armonía y sintonía con la senda del desarrollo nacional. Lo que hoy se hace, o mejor dicho hacemos, es despilfarrar los dineros públicos y el tiempo fugaz de nuestra juventud en estudios que no requerirán de su aplicación por estar sobreofertados, o que no se concluirán, pues tenemos unos de los más altos índices de deserción estudiantil en varias carreras.
El tema desborda la posibilidad de síntesis de esta columna, pero desde ya afirmamos que es responsabilidad compartida de la Universidad, los gremios profesionales, los empresarios, los gobernantes —sean estos del ejecutivo o parlamentarios, del oficialismo o las minorías— y sobre todo, del conjunto de la sociedad. No hacerlo ahora es hipotecar la posibilidad del cambio en serio para el Uruguay. Hacerlo es posible.