Desde algunos sectores del gobierno electo se oyen voces que anuncian-reclaman un diálogo social o un acuerdo nacional sobre el sistema jubilatorio. En nuestro país existe una predisposición entre benévola e ingenua sobre cualquier invitación de este tipo. Es casi una superstición: no hay, empero, muchos antecedentes exitosos. Analicemos el asunto con prolijidad.
Empecemos por el principio: en el Uruguay el gran acuerdo nacional es la Constitución y el terreno donde se tramitan las diferencias es el Parlamento, el cual tiene la integración (peso relativo) que marcan los respectivos votos. En casos excepcionales también está el recurso al plebiscito y, otra vez: su fallo es según los votos.
Los que actualmente manejan la iniciativa del diálogo social se refieren a la reforma de la seguridad social que propuso este gobierno y a su propósito de reconsiderar el rechazo que recibieron en el reciente plebiscito. No aducen que en él haya habido defectos de forma sino que están en contra del fondo de la cuestión zanjada en esa consulta popular. Como segundo paso de análisis es necesario recordar varias cosas.
En primer lugar hay que recordar que la iniciativa contra la reforma del BPS no fue una iniciativa de todo el Frente Amplio. Los que ahora convocan al diálogo no pudieron convencer ni a la totalidad del Pit-Cnt ni pudieron convencer al MPP y al entonces candidato Yamandú Orsi. Y son los que perdieron el plebiscito. Es decir, perdieron tres veces en la cancha.
También habría que recordar -sobre todo los tupas y el MPP- que contra la Ley de Caducidad se planteó un plebiscito en la primera presidencia de Sanguinetti (1989) que no tuvo éxito; se volvió a convocar otro plebiscito (2009) con el mismo resultado adverso. Y desconociendo esos dos pronunciamientos populares se presentó -y aprobó- una ley a esos efectos. Ante ese escándalo de desconocimiento de sucesivos pronunciamientos populares expresados en sendos plebiscitos el entonces senador Fernández Huidobro, figura principal del Frente y del MPP, renunció a su banca del Senado.
Si esta convocatoria a un diálogo nacional se llegase a concretar y se pretendiese anular el resultado del plebiscito reciente, habría que justificar tan extravagante propósito con razones muy poderosas. No solo tendría que quedar claro que no se trata de una maniobra de parte de aquellos que no pudieron convencer ni al Pit-Cnt, ni al Frente Amplio, ni a Orsi sino que habrá que aclarar aspectos básicos: ¿Quiénes integrarían el tal diálogo? ¿Los elegiría el gobierno (para asegurar de ese modo un resultado)? ¿Valdría lo mismo el voto o la opinión de una ONG con veinte miembros que la de un partido con representación parlamentaria y votos contados por la Corte Electoral?
El Partido Nacional tiene una genuina disposición de diálogo con el Frente Amplio por una básica y sustantiva razón: el Frente es casi medio país y sería una insensatez política y patriótica cortar el diálogo. Pero por la misma seriedad del asunto el Partido no puede ni siquiera darse por aludido cuando alguien tira sobre la mesa esta iniciativa para ir tanteando el ambiente o para comenzar a hacer subrepticiamente camino en él.