Fin al corralito en la educación

Juan Gabito Zoboli

Se conocieron hace algunos días los resultados de la apertura del llamado "corralito mutual" de febrero pasado, cuyo resultado encierra un clarísimo mensaje: por abrumadora mayoría, los usuarios del Fonasa prefirieron pasarse a mutualistas privadas en lugar de permanecer en ASSE, a donde habían sido asignados de oficio por el BPS.

Algo similar ocurriría con los usuarios de los servicios de educación estatal, si tuvieran la posibilidad de elegir a qué escuela o instituto de educación concurrirían sus hijos. Desde 1934 el art. 68 de la Constitución de la República dispone que "todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee".

Sin embargo, el desarrollo sociocultural uruguayo, moldeado por el igualitarismo vareliano y el estatismo de la primera mitad del siglo XX, así como por el socialismo predominante en el ambiente académico y -aunque con signo ideológico contrario- el estricto control ejercido durante el período de facto, han hecho que los servicios educativos sólo se conciban como un servicio público de gestión estatal, es decir, regido y prestado únicamente por el Estado.

Dejando de lado los llamados colegios "de elite" (no más de media docena en Montevideo), la inmensa mayoría de las instituciones privadas se parece mucho, en su planta física y equipamiento, a las públicas. Aplican en lo sustancial los mismos planes y programas, utilizando recursos didácticos similares; sus docentes se han formado en los mismos institutos, casi todos ellos trabajan paralelamente en ambos subsistemas (privado y público) y actualmente, hasta (se dice) ganan más en los cargos públicos que en su empleo privado, con lo que debieran tener la misma o superior motivación que al desempeñarse en el ámbito estatal.

¿Por qué razón, entonces, siendo la uruguaya una sociedad de fuerte raigambre igualitaria y estatista, se prefiere, cada día con más avidez, la enseñanza privada?

Un padre que envía sus hijos a un colegio, piensa que están en un ambiente seguro, que no pierden clases frecuentemente por falta de profesores y que no permanecen sin supervisión adulta durante el horario escolar. Y que si tienen algún problema o desean hacer algún planteamiento, tendrán a lo sumo tres interlocutores para obtener la respuesta: el maestro o profesor en cuestión, el Director del centro y el Director General de la institución.

Cierto es que en Educación Primaria, por su estructura institucional y gracias a la formación y tradición del magisterio, la situación es todavía buena o muy aceptable en muchas escuelas. Pero la situación crítica de Educación Secundaria está arrastrando a todo el sistema público hacia abajo y provoca una "huida" sistemática del alumnado hacia la oferta privada. Esto tiene por efecto aumentar la fractura social que lamentablemente signa a la sociedad uruguaya de estos tiempos, ya que obviamente, si bien muchos quisieran, no todos pueden asumir los costos de la enseñanza paga.

Debe instituirse un nuevo modelo de financiación y gestión de la educación, con una cobertura social básica (en este caso, matrícula) análogo al que rige desde hace tiempo en materia de salud (ex Disse), reafirmado recientemente con el Fonasa. Y así como los uruguayos elegimos la institución de asistencia médica de nuestra preferencia, deberíamos poder hacer lo mismo con los institutos de enseñanza.

Ya en 1966, el Partido Nacional incluyó en su proyecto de reforma constitucional un "sistema de repartición proporcional de subsidio escolar para las escuelas privadas".

En otros países -como es el caso de Chile, por citar uno con prestigio en la región y que ha mantenido el sistema bajo gobiernos de distinto signo ideológico- rige desde hace tiempo el mecanismo de financiación estatal de una matrícula básica, para un servicio educativo a prestarse tanto por instituciones de gestión pública como privada. Por supuesto que a partir de ello se estaría en condiciones de procurar -y exigir- mayor calidad de resultados, aunque en la actualidad, en la abrumadora mayoría de los casos, no es la "propuesta" educativa ni la excelencia pedagógica, lo que interesa a padres o tutores, sino apenas la vigencia de aquellas premisas fundamentales.

Esta apertura institucional deberá ser acompañada de un sistema de evaluación que determine los parámetros cuantitativos y cualitativos exigibles a las instituciones de enseñanza (en especial las que reciban alumnos beneficiarios de las becas o bonos a establecerse), verifique su cumplimiento y publique sus resultados. Preverlo es oportuno cuando -se presume- el gobierno se apresta a organizar, instalar e implementar (con un atraso de más de 2 años) el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado por la vigente ley 18.437.