Es justo y es bueno

WASHINGTON BELTRAN STORACE

Trabajaron por más de 30 años y, cuando llega el momento del retiro no se encuentran con un premio, sino con un problema: las remuneraciones que perciben no les da, les hacen perder calidad de vida y se niegan a aceptarlo de brazos cruzados. Según la Encuesta Continua de Hogares, en nuestro país hay un 20% de jubilados que trabajan, aunque probablemente la cifra sea bastante mayor. Parece difícil que alguien reconozca ante un representante del Estado, muy cercano además a la DGI como es el encuestador -por más que se le diga que los datos son secretos y confidenciales-, que se encuentra en situación irregular al punto de hacerse vulnerable a sanciones, que pueden incluir la pérdida de su jubilación y graves perjuicios para su empleador. Porque lo cierto es que los jubilados son gente que han hecho del trabajo un hábito, que han elegido ese camino para ganarse el sustento y el bienestar de su familia, que han practicado esa cultura y siempre ha sido su apuesta para vivir mejor. Y cuando ven que el dinero no les alcanza, emprenden la marcha por el mismo sendero que han recorrido durante años; no salen a robar ni buscan el asistencialismo del Estado o la caridad, confían en su fuerza y su capacidad, creen en su aptitud para el trabajo, aunque sea "en negro", porque es la única opción.

¿Tiene derecho el Estado a esta condena? Acaso lo que cobran por pasividad, ¿no es el fruto de muchos años de trabajo anteriores, donde incluso, han hecho aportes muy superiores a lo que perciben, pero están topeados? Y si no les alcanza ¿qué alternativa les queda?

El jubilado es el ser humano que trepa a una determinada altura de su existencia y debe recurrir al amparo de un régimen de previsión social por cuestión de edad. Está preso por sus años y no hay marcha atrás. No importa cuánto perciba, ni qué diferencia tiene con su antiguo sueldo, ni si es suficiente para una vida digna: pierde su derecho al trabajo, pierde la posibilidad de luchar y reclamar. La única huelga -como mecanismo para reivindicar derechos- que le queda por delante, no pasa de una voluntaria u obligada "huelga de hambre". ¿Es justa la sociedad con él? Qué haya llegado a determinada edad ¿lo hace incapaz para desempeñar determinadas tareas?

No, definitivamente no. Y afortunadamente se está gestando en el país la convicción que el jubilado es poseedor de virtudes muy valiosas como son, además de su capacidad personal, el hábito del trabajo y su experiencia. En la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Daniel Mañana ha presentado un proyecto de ley para que los jubilados, sin perder su pasividad, puedan volver al mundo laboral sin necesidad de hacerlo "en negro". Y a impulsos del Presidente Mujica, en el Ministerio de Trabajo se elabora una iniciativa que va en el mismo camino.

No tengo claro que dice uno y otro proyecto. Solo han trascendido algunos lineamientos generales que obviamente necesitarán de una adecuada reglamentación legal. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con la filosofía que inspira a esas iniciativas -ojo, no la hagan inaplicable en los hechos por el fárrago de trámites burocráticos-, que gozan con el respaldo de los sectores industriales.

En un país que ha logrado índices bajísimos de desempleo, el desafío viene por el lado de una cantidad adecuada de trabajadores calificados, que parece no la hay. Aprovechar ese número creciente de personas que desean trabajar, hábiles y competentes en su profesión, que más allá de sus 60 años -una edad que no le impide ocupar la Presidencia de la República- hay un horizonte productivo, a la que suman experiencia parece una apuesta cantada y con garantía de buen resultado.

En un país donde el Primer Mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que la Universidad del Trabajo se transforme en motor de nuestra sociedad, como mecanismo para terminar con los "ni-ni" y hacer que cada uruguayo adquiera destrezas que los ayuden para forjar el futuro. ¿Cuánto colaboradores podrá reclutar entre la decena de miles de jubilados, técnicos especializados -sanitarios, carpinteros, electricistas, etc.- que con su trabajo de años se hicieron expertos en los secretos de su profesión? ¿Vamos a desaprovechar ese capital de conocimientos y esas experiencias?

Si el gobierno está de acuerdo y la oposición también, parece que no hay más motivos para demorar esta solución, que transparenta una situación de hecho, da posibilidades a un sector de la población postergado y es buena para el país.