Hay dos grandes proyectos en marcha, que generan innegable adhesión en la población: la reforma jubilatoria y la transformación educativa.

La primera cuenta con apoyo popular por una razón realista y práctica. O se hace la reforma o en pocos años ya no alcanzarán los recursos para jubilar a nadie. Lo dramático de la situación convence a la gente sobre la urgencia de aprobar esta ley, aún con sus aristas menos simpáticas. Negarse a ella, como hacen algunos sectores de izquierda y el movimiento sindical, es una forma de suicidio en cuotas y a mediano plazo.

Algo similar pasa con la transformación educativa. La inexorable decadencia en que cayó el sistema de enseñanza y que perjudica a varias generaciones, y muy especialmente a los sectores vulnerables, alarma al país entero. El gobierno ofrece un plan. Algunos lo cuestionan por insuficiente, otros por motivos de orden práctico y otros por razones ideológicas, pero la gente tiene claro que no se puede seguir esperando. Por lo tanto, con sus luces y sombras, la transformación propuesta es una respuesta positiva y a ella hay que atenerse.

No siempre la coalición percibe la dimensión del apoyo popular que recibe su propio gobierno. Siempre hay alguien poniendo reparos a lo que se acordó, algún quisquilloso que anuncia que lo que se hará “está bien, pero…”. Con eso matan el entusiasmo y enfrían el calor con que los seguidores de los partidos de la coalición asumen los cambios. Le quitan fuerza y cohesión al gobierno y lo debilitan. Es el camino más expeditivo para perder una elección.

Ello se nota respecto a la reforma jubilatoria. Los partidos de la coalición se reunieron con el presidente de la República en la sede del Poder Ejecutivo para presentar el proyecto que acordaron entre todos y así enviarlo al Parlamento.

Ese encuentro tuvo impacto en la población, al menos entre quienes consideran crucial esta ley. Se generó optimismo y la esperanza de que haya un aceitado proceso hacia su aprobación.

Ni bien terminó la reunión, sin embargo, referentes de los partidos socios empezaron a decir que confiaban que en el proceso legislativo se incluyeran otras “mejoras” al proyecto enviado.

¿No es que ya se habían puesto de acuerdo? Sin duda, una negociación de este tipo implica que cada parte tenga éxito en incluir algunas demandas pero no lo logre con otras. Así funcionan las cosas. En este caso en particular, si determinado reclamo no se incluyó es porque o bien rompe el equilibrio que llevó a su concreción, o lo que se pide distorsiona el objetivo de la ley. No toda “mejora” lo es y urge evitar un toqueteo constante del texto que termine en una ley que no permitirá resolver la situación dramática en que está el país en este tema.

Si hay que negociar será con la oposición, siempre y cuando lo que proponga sume y no reste. Se suponía, sin embargo, que la coalición tenía lo suyo resuelto.

Pues no, no es así.

De las tres “mejoras” que propone Cabildo Abierto, una sola tendría sentido, aunque todo indica que los otros socios ya optaron por evitar ese tema. Se trata de la propuesta de no continuar pagando la pensión que reciben quienes sufrieron prisión por motivos políticos en la dictadura, a sus descendientes. Esto se resolvió por decreto poco antes que terminara el anterior gobierno y la medida va más allá del daño que se pretende reparar y exige usar por largo tiempo recursos que no siempre habrá.

Se trata de una decisión política y todo indica que parte de la coalición, por el momento, no quiere encararla.

También pide cambios el senador blanco Sergio Botana. Sus propuestas apuntan a aspectos que van más allá del objetivo concreto de esta ley. Si no fueron tenidos en cuenta en las negociaciones previas, no tiene sentido seguir insistiendo con ellas ahora.

Otro que propone un cambio es el diputado colorado Conrado Rodríguez, aunque sostiene algo razonable. Dado que el proceso de aprobación de la reforma tomará su tiempo, sugiere desglosar el capítulo referido a lo que el llama “jubilaciones activas” (eliminar el impedimento al jubilado a tener tareas remuneradas) y votarlo ya, por separado.

Sería poner rápido fin a una injusticia flagrante con efectos de inaudita crueldad. No conozco país que aplique una prohibición tan estúpida. Si lo hay, es un caso excepcional.

El diputado, que hace tiempo viene bregando por este cambio, deberá seguir con suma atención cual será la redacción final del texto aprobado. Lo que se busca es que una persona jubilada pueda tomar tareas remuneradas sin perder un solo peso de su jubilación. Ni uno. No vaya a ser que en el ida y vuelta de la redacción de ese capítulo, los pesos más que logra ganar con el cambio, se lo saquen en un artículo siguiente aplicando la perversa costumbre del rasero, como ya ocurre con el infame IASS y las jubilaciones topeadas.

Conrado Rodríguez no propone cambiar el texto ya acordado, simplemente adelantar este capítulo en particular.

Y tiene razón.