En muchos períodos de nuestra historia reciente, Argentina actuó como una suerte de oráculo que anunciaba lo que aquí sucedería tiempo después. Dos casos valen la pena recordar hoy, la crisis que estalló en el vecino país en marzo de 1981 y que desembarcó en nuestras costas en noviembre de 1982; pasó a la historia como el quiebre de la tablita. Sucedió durante las dictaduras en una y otra margen del Río de la Plata, y tal vez haya sido en ambos países el comienzo del fin de los infames regímenes.

Más cercano en el tiempo, se registró la crisis de 2001 que en Argentina no solo arrasó con el sistema financiero y la economía, sino que puso un anticipado y abrupto final al gobierno del presidente Fernando de la Rúa. Meses más tarde, en 2002, los uruguayos comprobamos cómo el tsunami desembarcó en Uruguay y se llevó puesto al sistema bancario local e instaló la peor crisis económica de la historia del país. Afortunadamente, aquí la institucionalidad democrática se preservó.

Estos hechos me vinieron a la memoria esta semana, cuando se conoció un fallo de un tribunal arbitral del Banco Mundial que condenó a Argentina a pagar una millonaria suma a la compañía de seguros Metlife por la estatización de los fondos de una de las AFJP (el equivalente a nuestras Afaps) dispuesta por la entonces presidenta Cristina Kirchner en 2008 con el propósito de paliar el déficit fiscal.

Faltan menos de dos semanas para que el Pit-Cnt presente ante la Corte Electoral las firmas necesarias para convocar a un plebiscito que modifique el artículo 6to. de la Constitución, y derogue la reforma de la seguridad social aprobada el año pasado.

La central obrera, con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y la precandidata presidencial Carolina Cosse, propone la eliminación de las AFAP. Además, de disminuir la edad de jubilación a 60 años y establecer que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional.

El robo del siglo podríamos titular la aspiración del Pit-Cnt. Con el agravante que el atraco se perpetraría contra la clase media. Y ahí está la mayor infamia de la reforma que aspira a concretar la central obrera. No es a un banco al que van a robar, ni a un grupo económico, ni a un multimillonario, hechos, obviamente, condenables y penados por la ley. Aquí se trata de consagrar el atraco en la Constitución.

Cómo será la cosa que José Mujica salió ayer viernes a desacreditar la propuesta del Pit-Cnt. En declaraciones a Canal 5, el expresidente dijo: “Si le tengo que decir a la carrera, hay que hacer ocho o 10 leyes pequeñas tocando puntos. Pero no el terremoto de cambiar la Constitución”…

Ahora que estamos en los descuentos, quienes debieron hablar cuando el Pit-Cnt se lanzó a la recolección de firmas, salen a desalentar que la ciudadanía firme.

No lo hacen por responsabilidad política, sino porque saben que de prosperar la consulta popular sus chances de ganar las próximas elecciones serán muchas menos.

Como en 1981 y en 2001, al mirar hacia Argentina y con anticipación, los uruguayos vemos lo que podría suceder en nuestro país. El legado de los Kirchner también nos puede afectar y muy duramente. Esta vez depende solo de nosotros que el oráculo se cumpla.