El oficialismo en aprietos

ALFONSO LESSA

Seguramente nadie previó que a sólo cinco meses de haber asumido el gobierno, el oficialismo se pudiera encontrar en una situación tan compleja y con tantos frentes abiertos al mismo tiempo; más aún cuando el presidente Mujica se había preocupado desde su discurso de asunción en generar un clima político y social que dejara rápidamente atrás los cruces electorales y le ofreciera un espacio para trabajar con tranquilidad.

Pero hoy, temas internos y externos al Frente Amplio, cercan al oficialismo y lo colocan en una incómoda situación: mientras los gremios públicos golpean y presionan incluso más allá de lo esperable en función del Presupuesto, el escándalo en la Armada y las denuncias que implican a Gonzalo Fernández sacuden a la opinión pública. Otros asuntos como la inédita iniciativa oficialista para la creación de delegados presidenciales en el interior, también generan polémica.

La derogación del ya famosos artículo 76 de la ley 2230 y la clausura de la causa contra tres de los hermanos Peirano se han convertido a esta altura en un enorme desafío para el Frente Amplio.

La aparición de nuevos elementos y denuncias no han hecho más que potenciar el asunto, elevar las críticas de dirigentes opositores y aumentar las dudas y las diferencias en el propio Frente, desde donde surgen señales contradictorias; tanto que mientras el presidente Mujica visitaba en su casa a Gonzalo Fernández y su esposa Cecilia Salon en un inequívoco gesto de apoyo, se levantaban otras voces desde la izquierda que terminó apoyando la creación de una Comisión Investigadora parlamentaria, y otra interna de la propia coalición. Algunas de las voces más críticas llegaron precisamente desde el MPP, el grupo que lidera el presidente Mujica.

El ex secretario de la Presidencia, ex canciller y ex ministro de Defensa ha negado una y otra vez cualquier implicancia e interés personal en la causa de los Peirano; e incluso defendió la derogación del mencionado artículo, afirmando que existió una interpretación equivocada del Tribunal de Apelaciones al clausurar las causas. La fiscal Raquel González apeló la sentencia del mencionado tribunal, por lo que ahora el delicado caso queda en manos de la Suprema Corte.

La abogada Salon había dicho que actuó a título estrictamente personal en la defensa del ex director del Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti, pero a las denuncias de Brecha se sumó en la semana la aparición de un documento divulgado por Búsqueda en la que el ex jerarca procesado designa como sus abogados, indistintamente, a Fernández y Salon.

A la discusión estrictamente jurídica, por lo tanto, se han superpuesto elementos políticos y reclamos sobre el comportamiento ético, lo que implica un reto para el oficialismo y en los hechos enfrenta a algunos de sus grupos internos, que miran de reojo hacia un Partido Socialista en donde también existen diferentes puntos de vista.