El fin de Arazatí

Ya desde la campaña electoral el Frente Amplio anunciaba que haría todo lo posible para dejar sin efecto el Proyecto Arazatí. Y así lo hizo.

A pesar del contrato firmado con el consorcio privado, logró su objetivo. Acordó de palabra abandonar todo lo firmado en Arazatí para construir, cerca de Aguas Corrientes, una segunda planta potabilizadora, otra en Solís Chico, y luego tratar de hacer realidad el proyecto Casupá (otro reservorio de agua como Paso Severino). Insisten con recargar aún más a la degradada cuenca del río Santa Lucía. El gobierno habla de “relocalización” pero es evidente que se trata de otro proyecto, porque Arazatí, sin duda finiquitó.

Por lo tanto lo que están acordando las partes es un nuevo proyecto de obras: en otra ubicación geográfica (de San José se trasladarán a Canelones y Maldonado); utilizando una fuente de agua totalmente distinta; recurriendo al uso de una tecnología muy diferente (desalinización de agua, etc.); debiendo cambiar diametralmente las infraestructuras a construirse y, desde luego, modificándose de manera notoria las exigencias para minimizar los impactos ambientales negativos y los socioeconómicos que provocarán las obras.

Los dos contratos no tendrán nada en común salvo su objetivo final de aumentar la capacidad de suministro de agua potable al área metropolitana. Al ser contratos muy diferentes en sus características y costes, es evidente que uno quedará sin efecto de común acuerdo, pero el otro requiere de un nuevo llamado a empresas interesadas a que liciten. Es obvio que las partes no negocian esta opción y el gobierno evita pagar la millonaria multa por incumplimiento.

Sin duda se trata de un paso temerario y una mala señal del gobierno de Orsi en materia del respeto de los contratos estatales firmados. En cuanto al aspecto de fondo que se pretendía solucionar con Arazatí, el cambio destruye su principal fortaleza.

La última mega sequía que sufrimos dejó literalmente sin agua al área metropolitana. La deteriorada cuenca del río Santa Lucía casi se secó dejando en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento del 60% de la población. Se buscó una fuente alternativa, de ser posible independiente de estos avatares climáticos. Se optó por el Río de la Plata, que tiene el inconveniente de contener niveles variables de salinidad pero que se soluciona con la tecnología adecuada, y lo más importante: es una fuente inagotable independiente de las lluvias.

La mala noticia es que volverá a repetirse la mega sequía sufrida hace un par de años. No lo decimos nosotros sino que lo viene advirtiendo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) continuarán ocurriendo y que serán cada vez más frecuentes e intensos. Por lo tanto hay que prepararse lo mejor posible para enfrentarlos (adaptación al cambio climático). Ante ello el argumento del ahorro de dinero que se presenta como un logro del nuevo proyecto está fuera de lugar. No se trata de gastar menos cuando se procura solucionar a largo plazo el suministro público de algo tan esencial como el agua potable.

¿Por qué el nuevo gobierno hace esta movida tan desacertada? No lo sabemos. Parece tratarse de un capricho político que podrá salirnos muy mal a todos.