El espía presidencial

Javier García

Con acierto, Claudio Paolillo en Búsqueda critica severamente el decreto que reglamenta la actividad del llamado Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado dictado el 26 de julio pasado. Vamos a agregar otros elementos sobre esto que es de una enorme gravedad institucional y además de dudosa legalidad en varios aspectos.

En la ley de Presupuesto de 2005 el oficialismo creó el cargo citado. Se creó pero nunca se ocupó ya que nadie de los propuestos por Vázquez le aceptó ocuparlo. En marzo, Mujica designó al Sr. Augusto Gregori como su espía presidencial.

A él estarán obligados a proporcionar información todos los servicios de inteligencia del Estado que son muchos y variados, porque a los de la Policía y las Fuerzas Armadas se suman servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Banco Central, la Aduana y "cualquier otra dependencia dentro de la estructura del Estado que realicen tareas de inteligencia". No estaría exento, por esta redacción, el Poder Judicial. Hasta allí puede llegar su imperio.

Los servicios de inteligencia dependen todos, por vía directa o indirecta, de un Ministerio y por lo tanto los ministros pueden ser llamados a responsabilidad política por los organismos que están bajo su órbita.

Sin embargo este superespía depende directamente del Presidente y por lo tanto está exento de control parlamentario. Solo un juicio político al presidente sería el mecanismo que tendría la oposición, lo cual en las circunstancias políticas actuales es irreal. Reclamamos hace cuatro meses, y el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro de Defensa aceptó, que se apruebe una ley de control parlamentario de este cargo como en Chile, Argentina, España, EE.UU. y tantos otros países. A cambio se aprobó este decreto que establece, increíblemente, que el Coordinador de los Servicios de Inteligencia se controlará a sí mismo.

Puede tener toda la información que quiera sobre individuos y organizaciones de cualquier tipo, aunque aclara que no podrá influir en la situación institucional, política o intervenir sobre medios periodísticos o asociaciones de ninguna especie pero como nadie, salvo él mismo, lo controla, esto es letra muerta. ¿Quién sabrá si investiga a personas u organizaciones ilegalmente?

Reporta únicamente al presidente de la República, pero el propio presidente recibirá la información que este señor quiere que le llegue, y no toda la información que haya recabado, investigado o espiado, ya que este Coordinador y solo él sabe lo que tiene entre sus manos.

Este tema es de enorme gravedad, en juego está la protección de principios y derechos fundamentales de las personas. En primer lugar la libertad.

¿Por qué este señor puede saber todo de todos y hacerlo impunemente? ¿Por qué puede introducirse en la vida privada de las personas sin límite y sin amparo legal?

Es conocido que dentro del oficialismo hay grupos que operan haciendo inteligencia con fines políticos. No hay pruebas pero en voz baja desde el propio oficialismo lo reconocen. Ahora surge esto que da aparente legitimidad a lo que es ilegal, viola derechos y es peligroso para la democracia.