El espejo en el Derecho

No he encontrado una mejor metáfora operativa para explicar qué es la tecnología que la propuesta por Luca Varela, un espejo. El espejo supone duplicación, pero también división. Representa amplitud, aunque al mismo tiempo restringe la mirada. Reproduce, pero igualmente deforma, nos acerca a la realidad y, a la vez, nos distancia de ella. Mucho más podría decirse.

A esa metáfora puede sumarse las ideas de Marshall McLuhan, para quien la tecnología funciona como una extensión del ser humano, amplifica nuestras capacidades, pero también genera nuevas zonas de vulnerabilidad, dependencia o distorsión. Lo que extendemos, lo exponemos, lo que potenciamos, lo transformamos. La tecnología, como espejo y como extensión, multiplica nuestras posibilidades, pero también complejiza nuestro entorno normativo

Ir más allá del espejo en el Derecho implica transformaciones que van desde lo epistémico hasta lo ético y exige a los operadores jurídicos una actitud proactiva. Un ejemplo de ello es el caso de la Ley 18.331 sobre Protección de Datos Personales, normativa que supera la concepción tradicional del derecho a la privacidad, al reconocer una nueva dimensión de la realidad y la necesidad de regular. Conceptos como el consentimiento informado o la privacidad por defecto y desde el diseño, constituyen esfuerzos concretos de la legislación, por ir más allá del espejo.

En otros ámbitos, como el de la prueba electrónica en el proceso judicial, estas innovaciones normativas aún no se advierten. Sin embargo, la realidad digital se impone y obliga al sistema a adaptarse, ante la falta de nuevos marcos legales, la doctrina y la jurisprudencia han asumido una actitud proactiva para garantizar el debido proceso. Aunque se suele recurrir a la equivalencia funcional con la prueba documental, este ejercicio de interpretación e integración atiende a las características únicas de lo digital. En este terreno, ya no es el legislador, sino el intérprete quien lidera el esfuerzo por ir más allá del espejo.

En este contexto, si la tecnología es, como sostenía McLuhan, una extensión de nosotros mismos y una amplificación de nuestro entorno, cabe preguntarse si las leyes tradicionales son suficientes para proteger los valores que hoy están en juego o si, por el contrario, resulta necesario crear nuevos marcos normativos, como ha sucedido en materia de protección de datos personales.

En esta misma línea, surge otra interrogante ¿a quién debe exigirse una actitud proactiva? ¿A los legisladores, encargados de diseñar nuevos cuerpos normativos, o a los demás operadores jurídicos (jueces, doctrinarios e intérpretes) que, mediante la interpretación y la integración, buscan dotar de sentido a las reglas existentes, como ocurre en el ámbito de la prueba electrónica?

Lo único indiscutible es la necesidad de esa actitud proactiva, capaz de mirar más allá del espejo, la incógnita, a mi juicio, reside hoy en quién debe asumir prioritariamente ese rol.

El debate sigue abierto. Algunos autores, sostienen que no es necesario nuevas categorías, sino que las de siempre deben adaptarse al entorno digital. En cambio, otros como Riofrío afirman que el lo digital ha generado un mundo con rasgos tan particulares que justifican un tratamiento jurídico autónomo. Ante esta disyuntiva, ¿usted qué considera?