El capricho sindical

Los sindicatos se hacen los ofendidos porque entienden que mucha gente conocía la propuesta presidencial para la reforma jubilatoria antes que ellos. Se sienten molestos por haber sido postergados, pese a que el ministro de Trabajo ya los recibió.

Su posición contraria al texto de la reforma, sin embargo, no se origina de una lectura realizada en estos días, con atraso respecto a otros, sino que se remonta muy atrás en el tiempo. Estaban en contra del proyecto antes de que se escribiera su primera línea. Y esto no es una ironía, es un hecho.

Es obvio que están en contra por mero capricho, al punto que los argumentos que despliegan no tienen sustento. Anuncian un paro general de 24 horas contra una ley que todavía no existe ni nadie sabe cómo terminará siendo. Se oponen a una primera propuesta que aún no ha sido discutida en forma completa por la coalición oficialista, que el Frente Amplio recién la está estudiando, que aún no entró al Poder Legislativo y por lo tanto nada fue discutido, ni retocado, ni corregido, ni mejorado (o empeorado) en Diputados y en el Senado. Es contra esa nada que anuncian su paro general.

Una de sus muchas objeciones es sobre el posible corrimiento de la edad para retirarse, algo que ya Danilo Astori, ministro de Economía del último gobierno frentista y Ricardo Ehrlich, presidente en esa época de la Comisión del Programa del Frente Amplio, habían anunciado como inevitable.

Sin embargo los sindicalistas le han encontrado la vuelta a como discutir ese tema. Dicen que el asalariado se ve perjudicado por ese cambio de edad (debe trabajar más años) mientras que al empresario no le cambia nada, pues lo único que sigue haciendo es pagar el aporte correspondiente solo por un tiempo más.

Para los dirigentes sindicales, la cosa es muy sencilla: si alguien pierde, el otro también debe perder. Aunque no esté claro qué otra cosa es lo que debe perder, en la medida que no puede, ni debe, eludir el aporte.

Sin embargo, si uno observa con atención situaciones propias así como de gente cercana a uno, no es tan claro que los empresarios necesariamente celebren este corrimiento de la edad de retiro. Muchas empresas tienen una estrategia deliberadamente delineada en una dirección contraria a lo que este proyecto busca.

Como los sindicatos viven envueltos en su muy elemental nube de retórica ideológica, es muy probable que no se hayan dado cuenta de esta situación. Sí, en cambio, hace rato que la perciben los asalariados que están llegando a una edad cercana a su eventual retiro. Son claramente conscientes que dicha estrategia empresarial los afecta en serio.

En empresas, organizaciones, universidades y facultades, es una práctica muy extendida imponer una edad forzosa de retiro que está entre los 60 y los 65 años. El asalariado no tiene más alternativa que irse, aun cuando hubiera preferido trabajar unos años más, ya sea porque le gusta su tarea, o ya sea porque el cálculo que hizo (en especial al estar afiliado a una AFAP) le indica que de ese modo se podrá ir con una jubilación más alta.

Sin embargo, la empresa le agradece los servicios prestados, le paga el despido como corresponde y le organiza una ceremonia de despedida. En otros países, una empresa así sería llevada a juicio por discriminación por edad. Acá no; el empleado se tiene que ir, quiera o no, le convenga o no.

Otra actitud que algunas empresas practican, es prescindir de algunos trabajadores por diversas razones y al hacerlo, en la primera línea de despidos están quienes tienen causal jubilatoria. De ese modo, atenúan el impacto del despido, pero también reducen personal con sueldos (y aportes) altos.

En caso de aprobarse este corrimiento en la edad de retiro, las empresas deberán esperar un poco más si siguen actuando de ese modo.

El tema no es tanto de las empresas ni de los sindicatos como tales, son los asalariados (al menos un número importante de ellos) quienes desde hace mucho tiempo están indicando que no tienen apuro por jubilarse.

Las jubilaciones bajas, algunas de ellas topeadas, son las que desalientan el interés por retirarse. La necesidad de sentirse útiles y activos, es otra razón. La posibilidad de sacar las cuentas y ver cual es el mejor momento de irse, según el tiempo que aportó a las AFAP, es otra.

La reforma no está pensada ni para beneficiar a las empresas ni para perjudicar a los sindicatos. Está pensada para evitar que en un futuro no lejano, las cajas se queden sin fondos y nadie se pueda jubilar. Está pensada para las generaciones venideras, para los que son jóvenes hoy, para los que recién entran al mercado laboral.

Son ellos los que corren peligro de encontrarse con un desastre si no se toman medidas ya.

Por eso, este es un debate que necesariamente tiene que dejar de lado la demagogia, el populismo rampante y atenerse estrictamente a lo que es urgente, posible y realista.