De sentido común

La decisión del gobierno de desechar el Proyecto Neptuno para reflotar en el Proyecto Casupá significa un retroceso en la política nacional de abastecimiento de agua potable.

No solamente porque se insiste en concentrar los esfuerzos de potabilización en una única fuente de agua que utilizamos para el abastecimiento del área metropolitana, sino porque ésta presenta vulnerabilidades de todo tipo y bien conocidas, que desaconsejan a las claras tal decisión.

La cuenca, en sus 13.500 km2 de superficie, exhibe todos los problemas esperables. El más obvio es la presión ambiental ocasionada por la presencia de numerosos centros poblados muchos de los cuales carecen de red de saneamiento; el funcionamiento de empresas industriales y comerciales, una activa producción agropecuaria, la forestación, la deforestación, la generación de energía, etc., todas ellas provocando diferentes grados de contaminación.

Cuando los cursos de agua de una región están afectados negativamente por una multiplicidad de fuentes como en este caso, las mejores soluciones se vuelven mucho más complejas y costosas. Por eso no extraña que desde hace décadas se discute y se planifican acciones y estrategias para mejorar el problema sin éxitos relevantes. Las medidas paliativas no han estado ni cerca de funcionar.

Hablamos de ordenamiento territorial, gestión de la cuenca, planificación urbana, promoción de la producción sostenible, detención de los procesos de erosión de los suelos, manejo correcto de las aguas residuales y de los residuos sólidos, contando con un fuerte involucramiento político de largo aliento, inversiones millonarias, participación efectiva de las comunidades y vecinos. Buena parte de ello sigue en el debe. Entonces, ¿qué sentido tiene recargar aún más una cuenca que está comprometida -y que desde hace tiempo pide auxilio-, con nuevas obras con el fin de respaldar el abastecimiento del 60% de la población uruguaya? La respuesta sería afirmativa si esa fuera la única posibilidad, pero no lo es.

Además no cabe duda de que la construcción del embalse de Casupá tendrá una serie de impactos sociales, económicos y ambientales significativos, que desaconsejan aún más esta opción. Veremos cómo maneja el gobierno esta información para que genere la menor resistencia posible en la opinión pública.

Pero tampoco debemos olvidar otro factor que mueve aún más el fiel de la balanza. El comportamiento climático, por sí solo es razón suficiente para desaconsejar a Casupá. Durante la mega sequía de 2023 la represa de Paso Severino mostró toda su elevada fragilidad. Cuando retorne este fenómeno se le sumará Casupá. Y no debemos olvidarnos de las inundaciones que volverán una y otra vez, seguramente con mayor magnitud, como advierten los especialistas.

Mientras se discuten estos asuntos importantes del abastecimiento en el corto y mediano plazo, desde hace mucho tiempo subsiste otro problema injustificable vinculado directamente al servicio de suministro de agua potable. Nos referimos a que OSE solo factura la mitad del agua que produce debido a las pérdidas significativas que tiene su sistema de distribución. ¿Cómo es posible que no se soluciones de una buena vez?