¡Cerrá y vamos!

La concesionaria Terminal Cuenca del Plata S.A.- consorcio belga -uruguayo elegirá constructor para una inversión portuaria de 455 millones de dólares.

Implicará que la longitud de muelles a construir será de ¡700 mts. más! y que la playa que se ganará al mar que ayer fue de 2,5 hás. pase a ser de ¡19,3 hás.! Justifican que si ayer por los trabajos se dieron 30 años de plazo actualmente con respaldo legal se hayan acordado 50 años de concesión.

Las violaciones al orden jurídico internacional, nacional y contractual de la era frentista aparecen en la actuación penal promovida por el Frente Amplio. Es tema político. El Puerto estuvo copado por el partido comunista hasta la Ley de 1992, que privatizó los puertos comerciales del país. Allí nacieron carreras políticas notorias como la del camarada Juan Castillo (Suanp). Y el secuestro del puerto cobró vida nuevamente desde 2005 en adelante, cuando el partido socialista a través de decisiones del Poder Ejecutivo (MTOP), de los Directores y las jerarquías burocráticas militantes de la ANP y de los cabecillas sindicales adictos, pasaron a dominar otra vez al sector en provecho propio. Incluyendo decisiones improcedentes dictadas en beneficio de la multinacional chileno-canadiense Montecon S.A., que actuaba en los muelles comunes, Apuntando a quebrar a TCP S.A. quitándole carga en una competencia desleal. Lo que cesó con el acuerdo de 2021 celebrado por el gobierno nacional y TCP S.A.

Los directores nacionalistas que estuvieron en el Directorio de la ANP y sus asesores, en la era frentista no eran participados en lo principal de la gestión. Pero promovieron auditorías como la impulsada en 2016 por el Director nacionalista Chahnazaroff (asesorado por el Dr. Rodrigo Ferrés). Refería a irregularidades en la utilización de las áreas públicas del puerto donde entre otras empresas operaba Montecon. Se detectaron graves irregularidades que ayudaban a la subfacturación -perjuicio económico- en las áreas estudiadas en perjuicio de la ANP. “Curiosamente” en 2019 el gerente general del organismo Alejandro Antonelli… dispuso el archivo del expediente.

Pero, lo más contundente para aclarar los tantos, son las declaraciones hechas en fiscalía penal por el Dr. Miguel Angel Toma, ex-Secretario de Presidencia durante la era frentista. Quien se ocupara desde allí eficientemente de toda la actividad litigiosa internacional contra el país.

Dijo básicamente que el gobierno frentista que integraba estaba enterado de la iniciativa de arbitraje internacional que impulsaban los belgas. Que la demanda de Katoen Natie “le parecía cierta”. Lo último -dijo- impedía ahora a Juan Curbelo, actual presidente de ANP, compartir información de las negociaciones internacionales en que participaba, incluso con sus colegas de Directorio en la ANP.

Agregó que advertía en el Puerto se habían violado normas internacionales y legales. Y que aconsejó al gobierno presidido por el Dr. Lacalle Pou a negociar. Considerando en estos casos internacionales no se forman expedientes. Porque “no se puede violar por los negociadores el sagrado principio de la confidencialidad que impide divulgar información o crear expediente”. El resultado de las negociaciones solo se da a conocer públicamente -dijo- una vez que un acuerdo ha sido redactado (El Observador, Maximiliano Montautti, 28 de abril, 2022). Es estrictamente lo que pasó.