Cargos y políticas

Pablo Da Silveira

Tanto en la enseñanza como por fuera de ella, el país asiste a una trabajosa distribución de cargos de responsabilidad pública. Primero se repartió entre las fuerzas que componen la coalición de gobierno y ahora se intenta incluir a la oposición.

Es bueno que todo esto ocurra a la luz del día, porque implica que la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno está obligando a abandonar ciertos simplismos. Tras muchos años de cultivar la demagogia, todos parecen admitir ahora que la distribución de cargos no es una patología de la política sino parte esencial de ella. El gobierno se ejerce desde cargos, y el control del gobierno se cumple mejor si la oposición puede observar desde adentro el funcionamiento del Estado.

También parece aceptarse que, a la hora de distribuir cargos, es normal tener en cuenta los votos obtenidos por cada uno, porque un gobierno exitoso requiere dosis altas y relativamente permanentes de apoyo ciudadano.

Pero que sea legítimo aspirar a cargos en la burocracia estatal, y que sea igualmente legítimo tener en cuenta la cantidad de votos, no quita que haya maneras más y menos inteligentes de distribuirlos. Una distribución de cargos que tenga escrupulosamente en cuenta los votos recibidos pero no agregue ninguna otra exigencia puede conducir a un gobierno bloqueado, o bien puede llevar a una jerarquía estatal poblada de personas con méritos para la militancia política pero sin ninguna capacidad de gestión.

Un componente importante del buen gobierno consiste en saber combinar requerimientos que suelen estar en tensión. Por una parte, es imprescindible respetar las realidades políticas. No es recomendable, por ejemplo, marginar en la distribución de cargos quienes hicieron un gran aporte en términos electorales. Por otro lado, es necesario consensuar lineamientos estratégicos claros, cuya aceptación pueda ser exigida como condición para acceder y permanecer en un cargo de gobierno. No es sensato, por ejemplo, que un gobierno que intente luchar contra la inflación ponga en algún cargo clave de la conducción económica a alguien que se siente inclinado a tomar medidas inflacionarias. Por último, hace falta exigir a los socios políticos que propongan candidatos dotados de las características personales adecuadas para ejercer ciertas funciones. Apoyo político no es sinónimo de solvencia.

Todo esto es complejo, difícil de describir y mucho más difícil de poner en práctica. Por lo pronto, no es para nada seguro que el actual gobierno vaya a lograrlo. Lo que hemos recibido hasta ahora es una rara mezcla de señales alarmantes (por ejemplo, la total ausencia de rigor técnico con la que se habla del uso de reservas o del combate a la droga) con otras señales alentadoras (por ejemplo, la anunciada voluntad de organizar el presupuesto en función de metas e indicadores).

Sea cual sea el resultado final, el descenso del nivel de demagogia a la hora de hablar de cargos es un paso en la buena dirección. En este tema como en otros, la verdad suele ser compleja y matizada: hablar de cargos no es un pecado, pero no toda forma de distribuirlos es igualmente buena.